La Fiscalía calcula que el consorcio de jueces y abogados conformado por el exvocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz Fernando Ganam y el abogado Milton Mendoza resolvió al menos 1.000 procesos durante 13 años, desde 2003, tiempo que tendría la asociación ilegal.
Este consorcio fue descubierto el 29 de marzo en un operativo policial en el que se capturó, en primera instancia, a Ganam al interior de la oficina de Mendoza, donde según la Fiscalía se negociaba un fallo constitucional dentro de un proceso en contra de la Cooperativa de Teléfonos de La Paz (Cotel). Mendoza era el abogado de Cotel.
Una fuente de la Fiscalía de La Paz reveló a este diario que existen elementos e indicios que apuntan a que el consorcio de Ganam y Mendoza fue conformado por ambos en 2003, en el interior del Ministerio Público de la mencionada ciudad, cuando ambos eran fiscales y tenían “mucho poder”.
Organización. Indicó que “en una revisión a grandes rasgos sin entrar en detalles” se verificó que ambos tienen relación con diferentes procesos judiciales resueltos, los mismos que fácilmente llegan a los 1.000 casos, esto a lo largo de los 13 años de trabajo.
Este diario intentó obtener una respuesta de parte de Mendoza, a través de su abogado defensor Alberto Morales, pero no tuvo éxito, debido a que el jurista no contestó su teléfono móvil, pese a las insistentes llamadas.
La fuente consultada resaltó que incluso entre 2003 y 2006 se conformó una “asociación de fiscales”, en la que la mayoría de sus componentes estaba implicada en el consorcio. Estimó que son más de 15 los implicados, entre fiscales y exfiscales, que estuvieron involucrados de forma directa o indirecta con acciones ilícitas. Al margen de éstos, también señaló que hay cuatro jueces que son investigados por presuntos nexos.
A principios de abril, en el Ministerio Público informaron que en el allanamiento ejecutado a la oficina de Mendoza hallaron documentos de al menos seis casos más que implicaban a más jueces y fiscales. La fuente entrevistada aseguró que por el momento no se tiene una cifra del dinero que acumuló el consorcio ilegal, ya que se cobraba diferentes cantidades, según los casos.
Ángelo Saravia, uno de los fiscales que indaga este caso, informó que en el despacho de Mendoza se halló un documento privado, firmado por el jurista y representantes de Cotel, en el que el abogado garantizaba un fallo constitucional por $us 20.000.
El domingo, Mendoza rechazó la acusación en su contra porque “lo que hubo es un contrato con una cláusula condicional sujeta a resolución y resultado, o sea eso es muy normal en los profesionales del país”.
Basado en este indicio, el presidente del Consejo de Administración de Cotel, Fabián Guillén, fue detenido preventivamente, acusado de financiar al consorcio de jueces y abogados. También se privó de libertad a la exjueza Lía Cardozo, al fiscal Carlos Hugo Rivero, a la secretaria del Juzgado 2º de Instrucción en lo Penal, Yasmila A., y al abogado Vladimir Flores.
Saravia informó ayer que, ante el pedido del Ministerio de Gobierno, se amplió la investigación en contra de la jueza 12º de Instrucción en lo Penal, Jaqueline Tintaya, y del exfiscal Róger Velásquez, solicitud que ya fue aceptada por la comisión de fiscales que investiga el proceso. Está pendiente la instalación de la audiencia cautelar de Tintaya y de su secretaria, para definir su situación legal dentro de este proceso.
Allanan otra oficina
Cotel
La comisión de fiscales que indaga al consorcio Ganam-Mendoza, allanó ayer el departamento financiero de la Cooperativa de Teléfonos de La Paz (Cotel), donde confiscó diferentes documentos y computadoras. Este material será sometido a pericias por expertos.
Buscan que cumbre halle solución
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunció ayer que en la Cumbre Nacional de Justicia, prevista para junio, se trabajará para eliminar los consorcios de jueces y abogados, además de fiscales y policías, que se formaron ilegalmente.
La autoridad gubernamental hizo la afirmación en una rueda de prensa realizada después de la reunión del gabinete ministerial en el Palacio de Gobierno, donde se trató la problemática de la Justicia y las posibles soluciones.
“El debate sobre las transformaciones de la Justicia boliviana, lo hemos hecho ahora en el gabinete (y) en las precumbres. En la Cumbre Judicial tiene que orientarse como eje transversal la eliminación de los consorcios de jueces y abogados insertados”, advirtió el titular de Gobierno.
Sostuvo que los consorcios son el principal mal en la Justicia y que éstos la llevaron a la crisis actual. Ahora se tendrá que resolver en el debate que se generará en la Cumbre Nacional de Justicia. En este encuentro se tocarán aspectos como los plazos procesales que no cumplen los operadores de justicia y cómo se elegirán a las autoridades judiciales. “El tema principal son los consorcios y cómo se desarticulan esas redes, pero afortunadamente se están visibilizando, lo que permite tener mayor conciencia ciudadana”.
La ministra de Justicia, Virginia Velasco, exhortó a los operadores de justicia a ser “implacables” con los procesos y sancionar ejemplarmente a los implicados, no solamente por el caso de consorcio, sino por otros tipos de ilícitos.
