El fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, informó el lunes que en la persecución penal del denominado caso consorcio jurídico, se amplió la investigación al vocal Rubén Ramírez Conde y a funcionarios del Órgano Judicial y el Ministerio Público.
«La comisión de fiscales que investiga el consorcio jurídico convocó a declarar en calidad de investigado al presidente de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Rubén Ramírez Conde», indicó.
Por otra parte afirmó que una autoridad jurisdiccional negó la acción de libertad interpuesta por la juez Jakelyn Tintaya, involucrada en el caso, cuya oficina fue precintada por la comisión de fiscales por presunta vinculación con el abogado Milton Mendoza, quien guarda detención en el penal de San Pedro.
Manifestó también que después de la detención preventiva del abogado Ricardo Blanco, en el centro penitenciario de San Pedro, la comisión de fiscales desarrollará esta semana varios actos procesales para llegar a la verdad de los hechos del consorcio de jueces, fiscales y abogados.
Expresó que el Ministerio Público demostró en cada una de las audiencias los vínculos con el estudio jurídico de Mendoza, quien tranzaba amparos constitucionales de muchas instituciones, entre esos de la cooperativa de teléfonos Cotel.
Recordó que en el allanamiento al estudio jurídico se encontró tres cuadernos jurisdiccionales, además de una resolución de amparo constitucional, credenciales y otros documentos.
La investigación del caso consorcio de jueces, fiscales y abogados derivó en la detención del fiscal Carlos Hugo Rivero y el presidente de Cotel, Fabián Guillén, ambos en la cárcel de San Pedro de La Paz.
Además, la reclusión de la juez Lía Cardozo en la cárcel de San Sebastián de Cochabamba y del abogado Vladimir Flores en el penal de Patacamaya.
También se remitió al Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes a Yasmila Paz, secretaria de Cardozo y se dictó arresto domiciliario para María Yapuchura, auxiliar de Ganam.
