El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) entregó ayer 46 cartas orgánicas municipales a la misma cantidad de autoridades y representantes municipales que llegaron hasta Sucre para recibir su documento de acreditación de control constitucional.
El presidente de la entidad, Zenón Bacarreza, destacó el esfuerzo de los magistrados y técnicos para cumplir con los compromisos asumidos con las organizaciones municipales. “Queremos dar el mensaje al pueblo de que tenga confianza en el Tribunal y esperemos que con esta entrega de 46 cartas orgánicas vayamos superando el control previo en la totalidad de los documentos que el TCP recibió”, afirmó ayer en la capital del Estado.
De acuerdo con los datos del TCP, de los 339 municipios que existen en Bolivia, 195 presentaron sus proyectos para el control constitucional, mientras que 147 todavía no registraron ningún trámite en Sucre. De esos 195 expedientes, 160 ya fueron devueltos a los municipios con su declaración constitucional, lo que representa ya el 82% de avance.
Cifra. El ministro de Autonomías, Hugo Siles, cree que el número de estatutos indígenas y cartas orgánicas municipales ya suman cerca de medio centenar. Ello implica —sostuvo— que estas normas autonómicas ya constitucionalizadas están habilitadas para someterse a referéndum. Sin embargo, precisó que el cronograma de la futura consulta ciudadana para validar esos documentos está en análisis, toda vez que depende, en gran parte, del financiamiento.
Siles coincidió con los datos del TCP y afirmó que al menos el 80% de los municipios ya están en proceso de elaboración de sus cartas orgánicas o se encuentran en fase de socialización y otro tanto ya envió el documento al TCP para la revisión constitucional. Aclaró que la Constitución y la Ley de Autonomías establecen que las comunas no tienen la obligación de redactar sus cartas orgánicas.
El TCP también revisó la constitucionalidad de los estatutos autonómicos departamentales.
Pando, Tarija, Santa Cruz y Beni aprobaron sus documentos en 2008 y tenían pendiente desde entonces su adecuación a los preceptos de la Carta Magna vigente desde 2009. Solo los dos primeros concluyeron el proceso y tienen su normativa en vigencia. En tanto que el estatuto de Santa Cruz está en análisis y el de Beni está en la fase conclusiva de la adecuación constitucional. En contrapartida, La Paz, Potosí, Oruro, Cochabamba y Chuquisaca, que redactaron sus normas desde 2010, rechazaron sus leyes básicas departamentales en el referéndum del 20 de septiembre de 2015 y hasta el momento no retomaron el proceso de redacción.
