Los fiscales que investigan un presunto tráfico de influencias para beneficiar a la empresa china CAMC —de la que Gabriela Zapata (expareja del presidente Evo Morales) era funcionaria— no asistieron ayer a la apertura de documentos secuestrados de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia y así el acto procesal fue postergado por segunda vez.
La vista legal debía realizarse en instalaciones del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF). Hasta allí llegó Cristina Choque, exjefa de la Unidad de Gestión Social, actualmente recluida en la cárcel de Obrajes, y Gabriela Zapata, detenida en el penal de Miraflores. La primera cancelación de este procedimiento se produjo el 28 de abril.
Choque, investigada por uso indebido de bienes del Estado y tráfico de influencias, está encausada por autorizar a Zapata la utilización de los ambientes de la oficina que estaba a su cargo. Ayer afirmó que la ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, también usó los ambientes de su oficina para reunirse con su colega de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
“Yo le digo a Lenny Valdivia: ¿qué hacía el 2 de septiembre en Gestión Social reuniéndose con Juan Ramón Quintana?, que diga por qué se venía a reunir. También venían fiscales a Gestión Social a reunirse con Quintana”, señaló Choque.
A través de un comunicado, el Ministerio de Transparencia confirmó que hubo un encuentro entre ambos ministros, pero para atender una denuncia de irregularidades.
