La comisión especial que fue conformada para investigar un posible tráfico de influencias en los contratos firmados entre el Estado y la empresa china CAMC descartó, en su informe final, ilícitos o que el presidente Evo Morales haya favorecido a la compañía.
La comisión, que sesionó hasta las 05.00 de ayer, aprobó el reporte pero sin el respaldo de la oposición, que asegura la existencia de ilegalidades con afectación al Estado y anticipó que las pesquisas continuarán; de forma paralela, también presentó un “informe de minoría”, de 69 páginas.
La entidad estuvo conformada por siete legisladores del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) y cinco de las opositoras Unidad Demócrata (UD) y del Partido Demócrata Cristiano (PDC).
Proceso. La presidenta de la comisión, la diputada oficialista Susana Rivero, explicó que de los seis contratos revisados, solo uno presentó irregularidades (el tramo uno del proyecto férreo Bulo Bulo-Montero), por lo que el caso será remitido a la Contraloría, que determinará responsabilidades, una vez que el informe sea ratificado por la Asamblea, la próxima semana.
“El presidente Evo Morales no ha ejercido tráfico de influencias, no hay testigos, ninguna evidencia, ni una sola prueba (…) Se cayó ese invento”, enfatizó Rivero, quien agregó que de estos contratos, solo tres se firmaron con la empresa donde trabajaba Gabriela Zapata, expareja del Mandatario, y que ella no participó en el proceso de alguna contratación.
En el caso Bulo Bulo se halló indicios de responsabilidad en el exministro de Obras Públicas Vladimir Sánchez, un exviceministro y la comisión de calificación, en total 12 personas. El diputado Víctor Borda (MAS) señaló que hubo 39 modificaciones al Documento Base de Contratación (DBC), lo que “dilató la resolución del contrato” y “por eso el caso se remitirá a la Contraloría”.
En enero, el presentador Carlos Valverde desveló la relación entre Morales y Zapata, entonces gerente comercial de CAMC, con la que el Estado firmó acuerdos por más de $us 500 millones, y denunció “tráfico de influencias”. Tras 13 sesiones, la comisión concluyó, en un informe de 71 páginas, que no hubo ilícitos y que los tratos no se firmaron ni gestionaron en oficinas de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia.
Reacción. Zapata, hoy en prisión, fue imputada por tráfico de influencias, además de legitimación de ganancias ilícitas y otros seis delitos de corrupción pública. Para el senador opositor Óscar Ortiz (UD), el informe del MAS tiene contradicciones y reclamó que la presentación fue anticipada, en el entendido de que el plazo para analizar la documentación cerraba el 23 de mayo. “Como legisladores tenemos la facultad de seguir investigando y tenemos el compromiso de evidenciar los ilícitos”, remarcó.
Su colega, la diputada Norma Piérola (PDC), anunció que se solicitará “una auditoría forense y técnica” de los contratos. Dijo que otra irregularidad es que el informe del MAS señala 37 entrevistas, cuando solo hubo cuatro.
