El Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó este martes por mayoría de votos el informe de conclusiones de la Comisión Mixta Especial de Investigación de los Contratos que firmó el Estado con la empresa china CAMC Engineering Co. Ltd. Bolivia Branch, con lo que ratificó que el presidente Evo Morales no incurrió en el delito de tráfico de influencias o favorecimiento alguno a su expareja Gabriela Zapata, quien fuera gerente comercial de la firma.
El informe fue aprobado tras cerca de diez horas ininterrumpidas que duró la sesión. Durante su argumentación, la presidenta de la comisión legislativa, diputada Susana Rivero, enfatizó ante el pleno que no se encontraron indicios ni prueba alguna de que el presidente Evo Morales hubiese incurrido en uso indebido de influencias para favorecer a la empresa china CAMC en los contratos que firmó con el Estado, según un comunicado de prensa.
En la resolución que aprobó el pleno se establece también la remisión a la Contraloría General del Estado del informe de la contratación del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda de la construcción del tramo 1 del ferrocarril Santa Rosa-Montero-Bulo Bulo, por las fallas administrativas que se detectó, para que determine la responsabilidad que corresponda.
El vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Álvaro García Linera, reiteró que tras el exhaustivo análisis y revisión de la documentación de los seis casos investigados, la firma china se adjudicó los proyectos de manera legal, cumpliendo con el procedimiento que fijan las normas vigentes en el país.
El 3 de febrero de este año, Carlos Valverde, reveló una relación de pareja entre el presidente Morales y Gabriela Zapata, la misma que habría derivado en el nacimiento de hijo, cuya existencia sin embargo no fue comprobada hasta la fecha.
En la sesión, la comisión ratificó además que en las inspecciones de campo realizadas se evidenció que las obras o compras realizadas a CAMC existen y no son “obras fantasmas”. Además, agrega el comunicado, las aperturas de sobres, las evaluaciones de las propuestas y las correspondientes firmas de contratos se efectuaron en actos públicos o en oficinas de las entidades públicas contratantes, con lo que se desvirtuó la hipótesis de que los seis contratos investigados hubieran sido firmados en las oficinas de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia.
