El defensor del Pueblo, Rolando Villena, afirmó este martes, en la presentación de su informe de gestión de seis años, que se cumplió con el mandato y los objetivos institucionales marcados por la ley, pero advirtió que las acciones, desde el Gobierno, plantean una incertidumbre sobre el futuro de los derechos humanos y las libertades ciudadanas.
«Los principios de justicia, igualdad, libertad, interculturalidad y dignidad, así como la situación de los derechos humanos en Bolivia, se ven afectados por una serie de factores como la desinstitucionalización del Estado, la corrupción y la violencia», afirmó Villena, según un boletín institucional.
La autoridad, quien dejará el cargo el próximo viernes, señaló también que, durante su mandato, la institución mantuvo la independencia y la autonomía frente a “las innumerables presiones y los ataques” de parte de personas y grupos en el ejercicio de un “poder casi omnímodo”.
La gestión de Villena fue observada y criticada por autoridades de gobierno. El vicepresidente Álvaro García Linera dijo en febrero pasado que la gestión del Defensor fue la “más lamentable” en la historia de esa institución.
«El mes de mayo culmina la gestión del actual Defensor del Pueblo, que por cierto fue una de las más lamentables, de hecho la más lamentable en toda la historia de la Defensoría», advirtió.
Villena sostuvo hoy que la desinstitucionalización del Estado está causando el agravamiento de la crisis judicial, el incremento de la corrupción y la pérdida de confianza ciudadana en sus instituciones que alienta el incumplimiento de los derechos humanos, la afectación de los derechos de los pueblos indígenas y la política extractivista en sus territorios.
Resultados de la gestión
En el informe de gestión 2010-2016, la Defensoría registró 92.214 denuncias, se concluyó 57.925 casos y se subsanó 35.149 casos.
Destacó que 694 menores salieron de las cárceles en todo el país, siendo trasladados a familias ampliadas o a casas de acogida. Ponderó la creación de nueve Consejos Departamentales y el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia por los derechos humanos.
“Hemos posesionado a 168 estudiantes de 98 unidades educativas de Beni, Santa Cruz, La Paz y Oruro como Defensores del Estudiantes. Actualmente el resto de los departamentos trabaja en la implementación de este modelo que forma parte del gobierno estudiantil”, indicó Villena.
En la defensa de los derechos de las mujeres, se promovió la aplicación de 16 normas y se promovió el relanzamiento del “Observatorio para la Exigibilidad del Cumplimiento de Derechos de las Mujeres”.
Sobre las personas adultas mayores, Villena dijo que se crearon 30 Centros de Orientación Sociolegal y que en el ámbito de la salud se abrieron 15 oficinas del Defensor del Paciente en todos los departamentos del país.
En el tema de la trata y tráfico, el Defensor dijo que se impulsó la creación de la Redes interinstitucionales y Consejos Departamentales, pero además desde el Consejo Andino de Defensores del Pueblo se creó la Red regional contra este flagelo y se realizó el primer diagnóstico en el área.
Dentro del programa de derechos de los pueblos indígenas destacó el apoyo militante a la reivindicación de los pueblos indígenas del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y la apertura de una oficina defensorial en la zona. Además se refirió a la presentación de acciones de inconstitucionalidad contra los Decretos 2195 y 2298 por afectar el derecho a la consulta y contra el DS 2366 por atentar contra el derecho a la libre autodeterminación, el territorio y el medio ambiente.
