La Procuraduría General de la Nación de la República de Panamá y el bufete de abogados Mossack Fonseca expresaron su predisposición por colaborar con Bolivia en la investigación iniciada sobre las 95 empresas nacionales mencionadas en el denominado caso de los Papeles de Panamá, sobre sociedades offshore radicadas en paraísos fiscales.
Así lo revela hoy una entrega especial del suplemento Informe La Razón, que logró contactar a funcionarios de ambas instituciones para elaborar un extenso reportaje sobre este escándalo mundial y sus repercusiones.
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La jefa e Información y Relaciones Públicas de la Procuraduría de Panamá, Sandra Sotillo, dijo que esta institución “se encuentra en disposición de colaborar con las asistencias judiciales internacionales, en base al principio de diálogo, comunicación y de reciprocidad entre las autoridades de los distintos países para combatir el crimen organizado”.
Lo hizo saber cuando fue consultada sobre la asistencia que recibirá la comitiva boliviana que se trasladó hasta ese país para iniciar las investigaciones sobre este caso y que ya solicitó una reunión para esta semana.
La Procuraduría hizo saber que sus autoridades no pueden brindar datos sobre sus pesquisas, pero confirmó que la comitiva boliviana será atendida esta semana por el fiscal Javier Caraballo, quien dirige el caso.
El objetivo de la investigación es clarificar lo que ocultan los documentos (11,5 millones de legajos) revelados en abril de este año por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que involucran a 199 países, islas y territorios jurisdiccionales, en los cinco continentes.
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Informe La Razón también contactó a la firma de abogados Mossack Fonseca, que lamentó el nivel de “especulación” generado en este caso por la publicación de información sin el debido contexto y expresó su disposición por colaborar con las autoridades bolivianas.
“Reiteramos que todos los servicios que presta el grupo Monssack Fonsena se proveen siempre dentro del ámbito de lo legal y se ciñen a estrictas normas éticas y de verificación de clientes. Todo dentro del margen de la ley. Como grupo respetable estamos siempre dispuestos a colaborar con las autoridades a través de los canales establecidos por la ley”, respondió a este medio.
La entrega, que circula hoy junto a la edición impresa de La Razón, incluye además una entrevista con el Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, quien hace conocer que se emitirán requerimientos al menos a cinco instituciones.
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