El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, presentó hoy ante el Ministerio Público información sobre la existencia de una supuesta organización criminal encabezada por la exgerente comercial de la empresa china CAMC, Gabriela Zapata, y la exdirectora de la Unidad de Gestión Social, Cristina Choque, que involucra además a empresarios que -según la denuncia- se encargaban de negocios privados en beneficio propio.
«Estas pruebas tienen que ser valoradas por la Fiscalía, nosotros creemos que son pruebas irrefutables, objetivas. No necesariamente, las evidencias o la irrefutabilidad de las evidencias va a coincidir con el Ministerio Público, para eso es el proceso de investigación», afirmó Quintana a su salida de la Fiscalía en La Paz, según difundió el programa Cuarto Poder de Radío Éxito.
El domingo, precisó que entregará «algunas evidencias» que tendrán que ser confirmadas o ratificadas por el Ministerio Público. Según Quintana, hay pruebas de «sentido común». La primera y más fuerte, según su criterio, es cómo una ciudadana como Zapata pasó a tener un flujo de caja que, entre 2006 y 2010, no pasaba de Bs 5.000 y de pronto le permitió, a partir de 2014, comprar terrenos y vehículos de incluso $us 100.000 y al contado.
Quintana denunció el viernes que Zapata y Choque fueron cabecillas de una red delictiva de chantaje, extorsión y constitución de negocios ilegales; y que formaban parte de esta mafia Ricardo Alegría Sequeiros, un exfuncionario de la Cámara de Senadores; Carlos Marvin Ramirez y Sigfrido Antelo Suárez.
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