El acortamiento de mandato de las actuales autoridades judiciales será discutido en la Cumbre Judicial que se realizará en Sucre el 3 y 4 de junio, informó la ministra de Justicia, Virginia Velasco.
Explicó que la iniciativa surgió en las precumbres realizadas en todo el país. “En los nueve departamentos han pedido la renuncia de los magistrados y han sido duros, (han pedido) que se vayan ya, pero obviamente vamos escuchar en la cumbre, ahí se va a debatir y discutir (este tema)”, dijo la autoridad en declaraciones que hoy publica La Razón en su edición impresa.
Las actuales autoridades judiciales cumplen su mandato a fines de 2017 y la postura sobre el acortamiento de mandato se conoció en un evento de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), que evaluó en La Paz el resultado de las precumbres.
Orlando Gutiérrez, ejecutivo de la Federación de Mineros de Bolivia, había anticipado que “se tiene que destituir a los actuales magistrados” mediante la aprobación de una normativa.
En esa misma línea, el presidente de la Cámara de Senadores, anunció que la Asamblea Legislativa alista “varias propuestas” para cambiar “significativamente la administración de justicia” e incluso habló de aplicar “correctivos”.
La idea del acortamiento de mandato fue insinuada también por el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Victor Borda. “No podemos pensar en la transformación de la justicia sin que haya un cambio de actores”, dijo.
En octubre de 2011, por primera vez, se eligió por voto popular a 56 autoridades judiciales, entre titulares y suplentes, del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y del Tribunal Constitucional. La elección se realizó tras una preselección en la Asamblea Legislativa.
Ejes de la Cumbre Judicial
Seis ejes, definidos en nueve encuentros previos, marcarán las deliberaciones de la Cumbre Judicial. Allí se debatirá un eventual ajuste de Constitución Política del Estado (CPE) sobre el mecanismo de elección de magistrados.
De acuerdo con información compilada por el Ministerio de Justicia, a la que accedió La Razón, las propuestas de la primera mesa de trabajo —que debatió la modalidad de elección de magistrados y consejeros— incluyen la posibilidad de ajustar la CPE y la inclusión de mecanismos de un mayor “control social” de parte de las organizaciones sociales y de la sociedad civil.
Las modificaciones en este ámbito tienen que ver con el Título III de la Carta Magna que regula al Órgano Judicial Plurinacional. Este apartado plantea la elección, a través del “voto universal”, de magistrados de los tribunales Supremo de Justicia, Agroambiental y Constitucional, además de las autoridades del Consejo de la Magistratura, previa una preselección a cargo de la Asamblea Legislativa.
En las nueve precumbres que se desarrollaron en cado uno de los departamentos del país, este acápite mereció un intenso debate en el que también se fijaron pautas para mantener la elección de magistrados a través del voto popular, pero aplicando mecanismos de “control social” en el proceso de preselección de candidatos.
La Razón publicó ayer, en su edición impresa, las propuestas de las precumbres, las observaciones de las organizaciones sociales y las sugerencias de los magistrados del Órgano Judicial.
