La demanda chilena por las aguas del Silala “era previsible por el estado de desesperación política” de la administración de Michelle Bachelet y los argumentos expuestos en el caso son livianos y precarios, aseguró el procurador del Estado, Héctor Arce. Añadió que el Gobierno trabaja en la contrademanda para desbaratar la tesis del demandante.
“La demanda presentada (por Chile) es totalmente liviana, utilizaría ese término por respeto, no es una demanda con certeza jurídica, no es una demanda que se base en apoyos jurídicos y técnicos solvente como trabaja Bolivia. Es una demanda precaria, improvisada y hecha a la rápida…que obviamente está llena de contradicciones”, afirmó en una entrevista en la red ATB.
Bachelet informó el lunes 6 de junio de la demanda interpuesta contra Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia con el objetivo de exigir se le reconozca el derecho de uso internacional que tiene sobre el recurso hídrico en disputa y se obligue a La Paz a evitar la contaminación y otros daños a las aguas, que está en el cantón Quetena Chico, Potosí.
El presidente Evo Morales anunció este martes que Bolivia planteará una contrademanda “Bolivia va a presentar una contrademanda, ilegalmente se llevan nuestra agua. En términos populares, nos roban agua y nos demandan ¿Qué clase de vecino podría ser?”, afirmó en respuesta al litigio abierto sobre uno de los temas pendientes en la agenda bilateral.
Arce aseguró que una de las pruebas de la tesis nacional, de que las aguas nacen y mueren en suelo boliviano, es la concesión otorgada por la Prefectura de Potosí hace más de 100 años a una empresa chilena para el uso del recurso en las locomotoras a vapor.
“Han hecho un cálculo político al decir: Bolivia nos está demandando y nosotros nos apresuraremos a presentar y vamos a estar uno a uno en demandas”, consideró la autoridad y recordó que la dirección General de la Dirección de Defensa del Manantial del Silala trabaja en la formación del equipo nacional e internacional que encarará este caso.
Lo hecho por Chile también da tranquilidad en la medida que acepta la jurisdicción de la CIJ, ya que en el pasado inmediato había voces que planteaban abandonar el Pacto de Bogotá, que dio nacimiento a la máxima instancia judicial.
