La Defensoría del Pueblo concluyó este jueves que los derechos de Eduardo León fueron vulnerados por la retardación en la instalación de su audiencia cautelar y aplicación de la medida de detención domiciliaria otorgada por una juez el 26 de mayo pasado. Recomendó al Consejo de la Magistratura asumir acciones administrativas contra los jueces que vinculados en el hecho.
El defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, presentó el informe y explicó que la investigación la instruyó tras recibir, el 20 de mayo, una denuncia formal por parte de León, exabogado de Gabriela Zapata, acusada por uso de bienes del Estado y suplantación del supuesto hijo que tuvo con el Presidente.
«La Defensoría del Pueblo, tras evaluar los pasos procesales seguidos en la detención del ciudadano Eduardo León, procesado por el presunto delito de trata y tráfico de personas, identificó que se vulneró su derecho al debido proceso al haber sido detenido por más tiempo del establecido por la normativa vigente, por tanto, los jueces que conocían el caso incurrieron en violaciones a la ley», establece el informe, según un boletín de prensa de la Defensoría.
Fue aprehendido el 17 de mayo por delitos como trata y tráfico de personas por la suplantación del supuesto hijo de Morales y Zapata, y sometido a audiencia de medidas cauteleras tras la excusa de jueces para atender el caso. La Justicia le otorgó detención domiciliaria, pero no fue cumplida la orden porque Régimen Penitenciario no disponía de custodios y pese a haber pagado una fianza de Bs 80.000 y tramitado el arraigo.
Permaneció más de 10 días en celdas judiciales, pese a que la norma fija solo 24 horas. Paralelamente se le abrió otro proceso por la presentación de una Libreta de Servicio Militar falsificada para optener su Título en Provisión Nacional, lo que derivó en una orden judicial de detención preventiva en la cárcel de San Pedro.
El informe, en sus conclusiones, señaló que los jueces de instrucción penal no podían haber dispuesto «cuartos intermedios» en el proceso porque implicó que el acusado guarde detención de siete días «en clara contravención al plazo de 24 horas que tiene un juez de instrucción en Material Penal para establecer la situación jurídica procesal de un imputado, máxime si éste tiene la calidad de aprehendido».
La Defensoría observó que no se haya dispuesto la libertad de León a la conclusión de la audiencia cautelar y la aplicación de la detención domiciliaria.
Recomendó a la Delegación Distrital del Consejo de la Magistratura de La Paz asumir las acciones administrativas para establecer responsabilidades «de todos aquellos jueces de instrucción en lo Penal que conocieron la medida cautelar» y no definieron su situación procesal dentro del plazo previsto por ley.
León fue internado en un hospital público y una vez obtenga le den su alta médica será trasladado a la cárcel de San Pedro en cumplimiento de la orden judicial.
