La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) abordará el próximo 23 de junio el caso de la exalcaldesa Lupe Andrade Salmón contra Bolivia, por una supuesta detención arbitraria e ilegal, a un año y cuantro meses de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableciera que el Estado boliviano violó los derechos a la libertad personal, a la propiedad privada y a la libre circulación de Andrade.
La demanda indica la supuesta responsabilidad internacional del Estado por las violaciones en el marco de tres procesos penales seguidos contra Andrade Salmón por malos manejos de recursos económicos públicos cuando ejerció los cargos de consejala, presidenta del Consejo Municipal y alcaldesa municipal de la Paz (1999).
Según falló la CIDH en febrero de 2015, el arraigo que se dispuso a la acusada no respetó los «estándares interamericano», por lo que se violó su derecho a la libre circulación.
«La Comisión consideró que tres procesos penales no tuvieron una duración razonable debido a que las autoridades judiciales actuaron deficientemente y no realizaron actos procesales significativos para determinar la situación jurídica de Lupe Andrade», según justificó la CIDH.
La CorteIDH instalará audiencias entre el 20 y 24 de junito donde revisará también el caso de la desaparición forzada de 14 personas en Colombia denominado «Vereda la Esperanza contra Colombia», en el cual se alega la supuesta desaparición forzada de las personas, incluyendo tres niños, así como la ejecución de otra persona y la privación a la libertad de un niño, ocurridas en el Departamento de Antioquia en 1996.
La demanda indica que oficiales de las Fuerzas Armadas colombianas habrían coordinado con miembros del grupo paramilitar denominado Autodefensas del Magdalena Medio, las distintas incursiones a la Vereda La Esperanza, debido a que las presuntas víctimas eran percibidas como simpatizantes o colaboradoras de grupos guerrilleros que operaban en la zona.
El día 24 de junio la Corte también llevará a cabo audiencias privadas sobre supervisión de cumplimiento de medidas de reparación por parte de los Estados.
La CorteIDH forma parte de la Organización de Estados Americanos y sus resoluciones son de acatamiento obligatorio para los países miembros del organismo hemisférico.
