Bolivia exigirá “en todo tiempo” a Chile cumplir con las obligaciones de libre tránsito emergentes de “las pobres compensaciones ante el cercenamiento brutal de territorio”, afirmó la Cancillería a través de un comunicado en respuesta a las “facilidades” de tránsito de las que habla Santiago “como si fueran concesiones unilaterales”.
“Respecto a las “facilidades” que menciona Chile como si se tratasen de concesiones unilaterales que voluntariamente ofrece, se manifiesta enfáticamente que los derechos derivados de las pobres compensaciones ante la cercenamiento brutal de territorio que derivó en la situación actual de enclaustramiento que sufre Bolivia”, sostiene el documento.
Ambos países mantienen una compleja relación agudizada por las denuncias de trabas al libre tránsito, que está garantizado en el Tratado de 1904 que estableció los límites fronterizos tras la invasión y posterior Guerra del Pacífico de 1879 que acabó cercenando la cualidad marítima nacional, con la que nació a la vida independiente.
“En ese contexto el derecho de Bolivia es del más amplio y libre tránsito irrestricto, perpetuo, no reciproco por el territorio chileno y sus puertos en el Pacífico, para personas y toda clase de carga, en todo tiempo y circunstancias, sin excepción alguna, exenta de reconocimiento interior por parte de las autoridades chilenas y pago de almacenaje, siendo además la carga de ultramar de exclusiva jurisdicción y competencia de las autoridades bolivianas”, establece la Cancillería.
También se reiteró las constantes vulneraciones al Tratado de 1904 con el incremento de tarifas portuarias a los bolivianos, pese a compromisos de concertarlos, y la falta de inversiones en los puertos de Arica y Antofagasta, así como en las carreteras de acceso y demás infraestructura logística.
“Cabe señalar que en ningún caso los servicios prestados a Bolivia son gratuitos, las empresas a las que Chile les otorgó el monopolio del manejo de la carga boliviana presentan anualmente millonarias utilidades, producto precisamente de las tarifas que paga Bolivia”, aclaró y recordó que se cerró cualquier posibilidad de inversión nacional en los puertos del Pacífico.
En el documento, la Cancillería invitó a la administración de Michelle Bachelet a reestablecer la agenda bilateral cancelada unilateralmente desde Julio de 2010.
“Se constata una vez más la intención del Gobierno de Chile de continuar limitando el derecho al libre tránsito del que debería gozar Bolivia, como una pobre compensación por el cercenamiento de más de 400 kilómetros de costa sobre el océano Pacífico y más de 120.000 kilómetros cuadrados”, sostiene el comunicado.
