La directora general de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), Mirtha Jiménez, denunció este miércoles por corrupción a jueces y fiscales de Cobija, por favorecer en la devolución de bienes confiscados en «flagrancia» al narcotráfico.
«Estamos cansados de abusos y corrupción de jueces y fiscales antinarcóticos de Cobija, Pando, que desnaturalizan la Ley 1008 y favorecen a la gente implicada con el narcotráfico, restituyendo bienes confiscados en flagrancia a favor del Estado», explicó a la ABI.
Remarcó que para defender los intereses del Estado, la denuncia se planteará al Ministerio de Transparencia Institucional, «para que los malos fiscales y servidores judiciales sean procesados por hechos de corrupción».
Explicó que en el proceso penal contra Patricia Elizabeth Crespo Cabrera, el Tribunal Segundo de Sentencia ordenó en 2012 la incautación de un inmueble en la zona internacional de Cobija, donde se halló en «flagrancia» sustancias controladas que se expendían a niños, adolescentes y personas mayores.
Crespo Cabrera, condenada a 8 años de prisión, planteó un incidente para la devolución del inmueble calificado como «nido de cleferos y drogadictos», que fue rechazado.
Sin embargo, ese fallo fue apelado y a pesar de los antecedentes y del delito de ‘flagrancia’, la Sala Penal Administrativa del Tribunal de Justicia de Pando, con un «auto de vista», ordenó la devolución del inmueble.
En otro caso, informó que el Juzgado Mixto de Porvenir, con una sentencia del 16 de diciembre de 2014, dispuso la confiscación a favor del Estado de un inmueble en la localidad de Santa Rosa del Abuna, donde encontraron combustible para fines ilícitos.
Posteriormente se presentó «el tercerista, Edgar Limpias López, alegando que era el propietario del inmueble, presentó una apelación en contra de esa confiscación.
La Directora de Dircabi explicó que la misma Sala Penal de Pando, declaró procedente el recurso de apelación y dispuso la devolución del inmueble.
Jiménez dijo que en ambos casos, el exfiscal de Sustancias Controladas de Cobija, Carlos Acosta, no defendió los intereses del Estado, no asistía a las audiencias y presentaba apelaciones fuera de los plazos procesales.
«Nosotros como Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados no somos parte de los procesos penales, pero en estos hechos vandálicos y delictivos presentamos apelaciones e incidentes, pero los jueces nos respondían que no da a lugar», argumentó.
A su juicio, el Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, y el Consejo de la Magistratura deben tomar en cuenta esos casos, en los cuales los jueces y fiscales, en lugar de defender intereses del Estado defienden y benefician a gente procesada por narcotráfico con la devolución de sus bienes que están incautados en apego a la Ley 1008 de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas. (22-06-2016)
