El recientemente creado Fondo Indígena de Desarrollo (FDI), que reemplazó al liquidado Fondo Indígena por hechos de corrupción, “implica una entidad de riesgo” y la Contraloría General del Estado actuará con mayor nivel de fiscalización tomando en cuenta que dará paso a desembolsos de recursos económicos, afirmó el nuevo Contralor, Henry Ara.
“Es nuestra labor hacer auditorías, además que para nosotros ya implica una entidad con riesgo, la Contraloría va a actuar en base a ello y seguramente con mayores niveles de intervención a este Fondo, ahora que van a generar desembolsos”, afirmó respecto al nuevo Fondo, que tiene como finalidad financiar proyectos de desarrollo indígena campesinos.
El Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (FDPPIOYCC) fue intervenido y el Gobierno dispuso su liquidación luego de descubrirse irregularidades como proyectos fantasmas e inconclusos. La Contraloría estableció un daño económico de al menos Bs 71 millones.
El Fondo de Desarrollo Indígena reemplazó a la institución en liquidación. “Una vez que empiecen (operar con desembolsos) seguramente vamos a tomar en cuenta para, como una entidad de riesgo, hacer una vigilancia más cercana”, insistió Ara en una entrevista con La Razón Digital.
El director del FDI, Eugenio Rojas, expresó su disposición de coadyuvar con la Contraloría. “Para nosotros es favorable que haga seguimiento y cumplamos con todas las normas que exigen la Contraloría General del Estado. Es mejor que controlen desde el inicio. Estamos predispuestos”, insistió.
La administración de la nueva institución dispuso de más personal para al área de auditoria con el fin de maximizar el control. “Tengo más gente que hemos contratado para fortalecer la auditoría interna”, remarcó Rojas.
El nuevo fondo —según las previsiones de Rojas— comenzará a funcionar desde fines de agosto de este año, tras la aprobación de la normativa necesaria que garantice su funcionamiento. Se prevé inicie operaciones con un presupuesto de Bs 177 millones para lo que resta de 2016 y apoyar proyectos rurales en las 336 de las 339 municipalidades de Bolivia. (08/07/2016)
