La Contraloría General del Estado dejó a la Asamblea Legislativa Plurinacional establecer las sanciones contra la diputada del MAS Sonia Brito luego de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) declarara probada la denuncia en su contra por el uso de bienes públicos en la campaña electoral en el referéndum constitucional de febrero.
“Se establece que la instancia para determinar las sanciones pertinentes por los hechos descritos en el presente informe es la Cámara de Diputados, por lo que se recomienda remitir al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia todos los antecedentes”, establece una nota a la que tuvo acceso La Razón y que la Contraloría remitió al Legislativo.
La misiva lleva la fecha del 15 de marzo y la firma del entonces contralor Gabriel Herbas.
Consultada sobre este proceso, la legisladora oficialista se excusó de emitir criterio y aseguró que «la instancia que puede informar con mayor propiedad es la Asamblea Legislativa que tiene las razones técnicas y jurídicas«.
El 17 de diciembre, el TSE declaró probada la denuncia planteada por el senador de la opositora Unidad Demócrata (UD) Yeko Núñez en contra de Brito por utilizar instalaciones de la Asamblea Legislativa para efectos de campaña electoral en el referéndum constitucional del 21 de febrero.
Brito, según la denuncia, organizó —en calidad de servidora pública y como parte de la Cámara de Diputados— un foro de interés ciudadano en el Palacio de la Revolución, que es una dependencia del Senado en el que exhibió una valla institucional que promovía la opción por el Sí en la consulta que alentaba una reforma constitucional para habilitar al presidente Evo Morales a una nueva repostulación.
La legisladora objetó la denuncia, que fue descartada por el TSE. El legajo del proceso fue enviado a la Contraloría para el respectivo establecimiento de responsabilidades.
El informe precisa que en el hecho “se evidencian omisiones al ordenamiento jurídico administrativo” por parte de Brito.
El despacho de Herbas recomendó en ese entonces basar el tratamiento del caso en el artículo 29 de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental que establece: “La responsabilidad es administrativa cuando la acción u omisión contraviene el ordenamiento jurídico-administrativo. (…) Se determinará por proceso interno de cada entidad. (…) La autoridad competente aplicará, según la gravedad de la falta, las sanciones de: multa hasta 20% de la remuneración mensual; suspensión hasta un máximo de treinta días; o destitución”.
Los gobernadores de Potosí, Juan Carlos Cejas, y de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, también fueron denunciados por pedir el voto en actos públicos de gestión. El TSE estableció responsabilidades en ambos casos, pero los afectados recurrieron al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que ratificó el informe electoral. La Contraloría deberá pronunciarse.
Un proceso similar sancionó en junio al alcalde de Oruro, Edgar Bazán, con una multa de Bs 2.975, el 20% de su salario. (12/07/2016)
