Chile asienta la respuesta a la demanda marítima boliviana ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en tres ejes, entre ellos que no hay conversaciones pendientes y que los Estados tienen la libertad de dialogar sin que implique generar obligaciones jurídicas. El agente boliviano Eduardo Rodríguez afirmó que serán los jueces internacionales quienes definirán quién tiene la razón.
La administración chilena de Michelle Bachelet publicó en la cuenta de Twitter del Gobierno un gif en el que explica por qué no tienen obligación de negociar como plantea Bolivia. “No hay conversaciones pendientes. Todas concluyeron en su momento y la mayoría de ellas fueron finalizadas por el gobierno boliviano”, establece uno de los ejes.
“Los Estados tienen libertad de dialogar sin generar obligaciones jurídicas, sino ningún gobierno podría conversar con otro”, sostiene otro de los pilares, mientras que el tercero señala: “Chile siempre ha tenido voluntad de diálogo y ha ofrecido restablecer relaciones diplomáticas sin condiciones, pero esto no ha sido acogido por Bolivia”.
El canciller chileno Heraldo Muñoz y el agente en el caso, José Miguel Insulza, entregaron este miércoles en la CIJ la contramemoria que responde a la memoria que sustenta los argumentos históricos y jurídicos para exigir se obligue al demandado cumplir los compromisos hechos a lo largo de la historia para negociar una salida soberana al Pacífico.
«Bolivia durante más de 100 años nunca expresó a Chile la existencia de una obligación de negociar y eso está dentro de las cosas importantes que estamos señalando», indicó Muñoz.
Rodríguez recordó que los argumentos en esta etapa del proceso son reservados. «Reiterar que el contenido de este documento (contramemoria) es reservado, de manera que si el Canciller ha hecho una referencia pues podría haber revelado algo que no le está permitido», observó en un contacto con la estatal Patria Nueva.
El gobierno del presidente Evo Morales aseveró en reiteradas oportunidades que los compromisos generan derechos jurídicos. El portavoz de la causa marítima, Carlos Mesa, afirmó que los argumentos son sólidos.
Chile debía presentar el documento hasta el 25 de julio, pero se anticipó. Bachelet señaló en reiteradas oportunidades que su país no tiene obligación de negociar.
Rodríguez sostuvo que serán los jueces internacionales quienes al final definirán quién tiene la razón en el caso.
