La extinción de dominio sobre bienes incautados al narcotráfico será incorporada en la nueva Ley de Sustancias Contraladas, mientras que la norma sobre la hoja de coca incluirá a la producción de las áreas delimitadas de Caranavi y Apolo en el norte de La Paz, informó el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres.
“Resta incorporar en la Ley de Sustancias Controladas la Ley de Extinción de Dominio sobre los bienes incautados, que es un problema. Actualmente, el Estado se convierte en cuidador de los bienes de los narcotraficantes porque los procesos demoran hasta cinco años. Incluso estos bienes son devueltos al propio narco, no puede ser, hay un vacío legal”, cuestionó.
La norma sobre extinción de bienes prevé regular el procedimiento de extinción de dominio a favor del Estado sobre bienes de procedencia ilícita por actividades de narcotráfico, contrabando, corrupción y legitimación de ganancias ilícitas, sin contraprestación ni compensación para su titular. La iniciativa generó polémica e incluso fue llevada al control constitucional.
Cáceres afirmó que, paralelamente, es redactada la Ley General de la Hoja de Coca y que hasta fin de año debe estar aprobada. En este caso, dijo que hay avances importantes, aunque reconoció la existencia de problemas por el interés de algunos sectores de incorporar como zonas tradicionales aquellas que están al margen del cordón tradicional.
“Hay un acuerdo con Cofecay y Adepcoca del cordón tradicional de los Yungas de La Paz y el polígono de racionalización de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba. Va a estar incorporada acá (ley) Caranavi, que ya está delimitada territorialmente y va a entrar Apolo, de la provincia Franz Tamayo”, explicó en una entrevista en la estatal Patria Nueva.
La Ley 1008 establece en parte del artículo 9 como áreas de “producción minifundiaria actual de coca de los subtrópicos de las provincias Nor y Sud Yungas, Murillo, Muñecas, Franz Tamayo e Inquisivi del departamento de La Paz y los Yungas de Vandiola, que comprende parte de las provincias de Tiraque y Carrasco del departamento de Cochabamba”.
La administración del presidente Carlos Mesa viabilizó en 2004 el cultivo legal de 3.200 hectáreas de coca en el Chapare, que no está incorporada en la ley 1008. El gobierno del presidente Evo Morales plantea extender hasta 20.000 hectáreas las plantaciones legales.
Un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) determinó que los cultivos de coca en Bolivia bajaron de 20.400 a 20.200 hectáreas (ha) entre 2014 y 2015.
