La visita de la comisión boliviana al puerto de Arica fue aprovechada por una autoridad del puerto para reclamar una deuda de dos meses por prestaciones portuarias e incumplimiento de compromisos. El vicecanciller Juan Carlos Alurralde, parte de la misión oficial, respondió en el momento asegurando que no pagarán el incremento unilateral de tarifas y que devolvieron las facturas.
Tras una espera de seis horas, la misión nacional encabezada por el canciller David Choquehuanca ingresó al puerto y constató una serie de vulneraciones al libre tránsito como el manejo a la intemperie de la soya para exportación. Alurralde identificó múltiples afectaciones a la carga boliviana y cuestionó las decisiones unilaterales tomadas por administradores de los puertos.
Una autoridades de la gerencia de la Terminal Puerto Arica S.A (TPA) respondió a la autoridad boliviana durante la inspección y aseguró que ofrecen las condiciones a sus clientes. “Queremos que se sepa a la luz pública de la deuda de 60 días que mantiene la administración de servicios portuarios con efecto, no hay cumplimiento de compromiso de Bolivia con Arica; lo lamentamos”, denunció.
El vicecanciller replicó en ese mismo momento y calificó de “muy grave” la posición de la autoridad portuaria y aclaró que el derecho de libre tránsito es parte del Tratado de 1904 entre Estados, por lo que la relación no puede encasillarse en el de cliente.
“Nosotros no vamos a pagar el incremento que ha hecho TPA, no lo vamos a hacer porque no ha sido acordado con el Estado, y no vamos a pagar, se han devuelto las facturas. No vamos a aceptar una imposición de tarifas que no sean acordadas con Bolivia en respeto al Tratado de 1904”, afirmó, según transmitió la estatal Patria Nueva desde el lugar.
Aseguró que este acuerdo garantiza la coordinación entre Estados para establecer ajustes a las tasas portuarias, una premisa que desatendió la chilena TPA pese a que el Tratado está en plena vigencia y existe un preacuerdo que data de diciembre de 2015.
A mediados de junio, el director de la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASPB), David Sánchez, denunció que la decisión de las autoridades portuarias de Chile encareció los costos del comercio exterior boliviano en más de 300% tras la elevación de las tasas portuarias en 10,72%.
“Todo lo que dice el señor es absolutamente falso, las relaciones son de Estado a Estado, nosotros no somos clientes, nosotros somos un Estado que está velando pos sus derechos de libre tránsito por eso hemos venido y pedimos que se nos respete”, reclamó Alurralde.
