“Ya no hay el directorio que aprobaba los proyectos y que estaba conformado por las organizaciones sociales” en el nuevo Fondo de Desarrollo Indígena (FDI) que arrancará el 2 de agosto, afirmó su director Eugenio Rojas. La representación indígena solo hará fiscalización y no tendrá como en el pasado el poder de decisión en la asignación de proyectos.
La representación indígena en el nuevo ente deliberante de la entidad conformada por 11 entidades es minoritaria. “Ahora es un Consejo Consultivo que está conformado por seis Ministerios y cinco organizaciones sociales del Pacto de Unidad (bloque afín al gobierno)”, precisó la autoridad.
“Va a monitorear, fiscalizar, supervisar a nivel nacional y a nivel local esos proyectos. Ya pasan como control social las organizaciones sociales pero también van a participar en la elaboración y ejecución de proyectos. Es un primer cambio, ya no existe directorio”, insistió Rojas en contacto con la estatal Patria Nueva.
Con la anterior modalidad, un consejo conformado por unas 20 personas de mayoría indígena (12 representaciones) definía la pertinencia de cada proyecto con “autonomía técnica y financiera para el manejo de recursos”.
Rojas precisó que los proyectos “serán aprobados por el propio Fondo” y “discutidos por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras en la parte técnica”. Posteriormente deben ser ratificados por una resolución ministerial que firmará el titular de esa cartera del Estado, César Cocarico.
Otro aspecto novedoso y que deja de lado la participación indígena es la administración de los recursos económicos asignados a cada proyecto. El ExFondioc desembolsaba los dineros a cuentas personales de los titulares de cada proyecto. Ese fue un “gran error”, admitió la ministra de Transparencia, Leny Valdivia en reiteradas ocasiones.
El nuevo Fondo tiene tres modalidades para el desembolso. “Ya no se va a desembolsar a las organizaciones”, apuntó Rojas en alusión a la antigua modalidad de asignación de recursos que posibilitó que los titulares de los proyectos administren los recursos a través de sus cuentas bancarias personales.
“Ahora es administración vía gobiernos municipales, ellos están para eso. Ahora donde se pueda vamos a ejecutarlos como Fondo, y en algunos proyectos como los de riego -que son más técnicos-van a ser por FPS (Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social)”, apuntó.
Mediante el Decreto Supremo 2493, el Gobierno creó el Fondo de Desarrollo Indígena y liquidó el ex Fondo Indígena, que operó más de nueve años.
La Contraloría estableció irregularidades en una serie de proyectos aprobados por el hoy ex Fondo Indígena.
El daño económico por las denuncias de la Contraloría asciende a Bs 71 millones y por la denuncia de las obras fantasmas de la Interventora se calcula en Bs 14,5 millones. La cifra puede ascender aún más con los resultados de los 713 proyectos observados. (29/07/2016)
