El gobierno bajó de rojo a sello azul el requerimiento de la Justicia de Bolivia ante la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en contra de los exabogados de Gabriela Zapata, Walter Zuleta y William Sánchez, quienes tramitan asilo en Perú. La medida tiene el propósito de eliminar «los impedimentos» jurídicos para que la nueva administración de ese país los entregue en frontera.
“El sello rojo manda al estado donde está ubicada la persona a detenerla, en este caso hemos pedido que se modifique y se lo ha hecho así a declaratoria de sello azul para que las autoridades tengan la posibilidad de entregarlo en frontera si es que así lo deciden. Con esto ya no hay impedimentos en los protocolos de la Interpol”, indicó el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
La autoridad explicó que la determinación gubernamental se adoptó para allanar el trámite de su extradición tal como sucedió en el caso del exasesor gubernamental del Perú, Martín Belaunde, quien era buscado por su país para ser juzgado por delitos de corrupción.
El prófugo peruano fue entregado a las autoridades del Estado vecino el 29 de mayo de 2015 en el paso fronterizo de Desaguadero por el propio presidente Evo Morales, luego de ser recapturado tras huir de su residencia en La Paz, donde cumplía arresto domiciliario mientras se tramitaba su extradición. Belaunde ingresó a Bolivia en diciembre de 2014.
“Lo recapturamos (a Belaunde) y lo entregamos en frontera bajo el argumento jurídico de que su ingreso a nuestro territorio había sido irregular y de que tenía cuentas pendientes con la justicia de su país. El caso de los abogados de Zapata es exactamente el mismo, han ingresado ilegalmente a territorio peruano, tienen una imputación de la justicia boliviana y perfectamente una decisión de las autoridades del Perú podría determinar su entrega en frontera”, sostuvo Romero.
El Gobierno y el Ministerio Público bolivianos demandan reciprocidad del gobierno peruano para que entregue a los prófugos de la justicia boliviana. La Comisión Especial para los Refugiados en Lima analiza la solicitud de asilo tramitado por Zuleta y Sánchez por lo que los requeridos por la Justicia de Bolivia no son extraditables hasta tanto sea resuelta su situación, afirmó el embajador peruano, Luis Benjamín Chimoy.
El código azul ya se había activado en junio, cuando existían los primeros indicios del paradero de los juristas Zuleta y Sánchez. Fueron acusados de cometer el delito de trata e implicados en la suplantación del supuesto hijo del presidente Evo Morales en un proceso judicial tramitado por el Mandatario contra su expareja Gabriela Zapata por ‘violencia psicológica’ contra el menor.
La Fiscalía también los acusó por estorbo al ejercicio de funciones y asociación delictuosa. (04/08/2016)
