La Defensoría del Pueblo lleva adelante acciones para posibilitar la aprobación del Proyecto de Decreto Presidencial de concesión de Amnistía, Indulto Parcial e Indulto y que pueda ser promulgado hasta el 24 de este mes, fecha en la que se recuerda el Día de la Persona Privada de Libertad.
La principal autoridad de la institución, David Tezanos Pinto, citado en un boletín de prensa de su despacho, indicó que la situación en la que se encuentran más de 14.000 internos en los diferentes centros penitenciarios del país, evidencia la necesidad y urgencia de implementar medidas políticas que posibiliten la reducción de los altos niveles de hacinamiento.
Señaló que se vienen realizando gestiones para que el Proyecto de Decreto presentado por la Defensoría del Pueblo y el Informe Técnico Jurídico correspondiente, puedan ser considerados por el Órgano Ejecutivo para su consiguiente aprobación.
El Informe Defensorial «Situación de los Centros Penitenciarios de Bolivia y Proyecto de Decreto Presidencial de concesión de Amnistía, Indulto Parcial e Indulto», en una de sus recomendaciones, señala que la aprobación o promulgación de la propuesta normativa pueda realizarse el próximo 24 de septiembre «como una fecha conmemorativa y trascendente para este grupo de personas en situación de vulnerabilidad, y sea en lo posible sin visiones que pudieran restringir los alcances del Proyecto respectivo».
De acuerdo con el documento, a junio de 2016, las personas privadas de libertad sumaban 14.816, de éstas el 68,97% se encuentran con detención preventiva y sólo el 31.03% tienen sentencia condenatoria ejecutoriada, lo que muestra una disminución en relación a 2012, cuando el porcentaje alcanzaba a 84%, lo cual es un avance; sin embargo, no se tuvieron los resultados esperados con la implementación de los anteriores Decretos Presidenciales de Amnistía e Indulto Nº 1445, 1723 y 2131, con los que se beneficiaron solo a 2.794 personas privadas de libertad.
En una de sus conclusiones señala: «de acuerdo a las estadísticas de la realidad penitenciaria del país, se puede establecer que las restricciones nada protectoras y nada equilibradas que se han ido insertando en las propuestas de Decretos Presidenciales, han llevado a que las normas aprobadas no pudieron cumplir con los fundamentos que las motivaron, como la reducción del hacinamiento y del colapso del sistema penal».
El Defensor señaló que poner una fecha tope de corto alcance para la recepción de carpetas o delimitar la misma a las personas que actualmente se encuentren detenidas, frustraría la medida del indulto como sucedió con el Decreto Presidencial Nº 2437, que ampliaba la vigencia del Decreto Nº 2131, el cual estuvo llamado a ser el instrumento más efectivo de descongestión, pero las directrices que siguieron los técnicos revisores, lo estancaron.
