El Tribunal Supremo Electoral (TSE) identificó al menos 10 ejes que deben ser incluidos o eventualmente ajustados en las dos leyes que regulan la institucionalidad de la entidad y el régimen de sufragio. Los vocales comenzaron el debate para llevar los cambios al Legislativo.
El vocal José Luis Exeni explicó a La Razón que se trata de una “propuesta integral” que busca “fortalecer la institución”, no solo para administrar los procesos electorales, sino también para desconcentrar labores.
La autoridad citó, por ejemplo, que está en discusión la creación de una unidad específica para la administración de la justicia electoral y un mecanismo que acelere la transmisión de los datos del cómputo de votos.
“Hay procesos electorales novedosos que constituyen aprendizajes con el fin de perfeccionar el régimen electoral”, consideró Exeni con respecto a las consultas autonómicas.
Desde fines de agosto, la institución coordina acciones con tribunales electorales departamentales (TED) para avanzar en la propuesta. La pasada semana tuvo lugar en Cochabamba un taller sobre la “reforma normativa”.
Reforma. El vocal señaló que se debate sobre la base de cinco ejes temáticos para modificar la Ley 18 y la misma cantidad para la 26 (ver cuadro adjunto). “Hay que avanzar en una propuesta integral” que debe discutirse hasta fin de año y poner en marcha el proceso en 2017, refirió.
El diputado Javier Zavaleta (MAS), quien es parte de la Comisión de Planificación, afirmó que el oficialismo está abierto a analizar las propuestas del TSE. “Dependiendo del tamaño de las modificaciones, el proceso de aprobación puede tardar entre uno y cuatro meses, pero habrá que ver el alcance de las propuestas”, dijo.
Uno de los ajustes apunta al Servicio de Registro Cívico (Sereci) que resguarda el derecho a la identidad de los ciudadanos. “En la medida que las personas tengan su certificado de nacimiento, obtendrán su cédula y así podrán ejercer sus derechos políticos”, detalló Exeni, luego de precisar que se debe “fortalecer” esta entidad.
Otra reforma implica ampliar las competencias de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), que supervisa los recursos económicos que los partidos políticos declaran. En ese sentido, se proyecta una entidad no solo de alcance nacional, sino también departamental, en el entendido que hay organizaciones ciudadanas y agrupaciones indígenas de alcance regional, según el sistema autonómico.
La justicia electoral es otro elemento que busca ser incluido en la Ley 18. Se prevé delimitar la función jurisdiccional sobre la base a un código procesal electoral que será elaborado por el TSE. Los casos de violencia y acoso político estarán incluidos en esa legislación especial.
La Ley 26 de Régimen Electoral también precisa ajustes. Ante la “debilidad en la distinción” entre campaña y propaganda, se discuten mecanismos para medir los alcances de la gestión comunicacional para ambos casos, en medios y redes sociales, además de eventos masivos.
El 20 de noviembre habrá referéndum autonómico en 15 entidades territoriales y, hace poco, el TSE aprobó un reglamento que permite a autoridades y servidores públicos socializar estatutos y cartas orgánicas, pero sin hacer campaña proselitista, es decir, pedir el voto para el Sí o el No.
“Estos avances en los reglamentos deben ser plasmados en la ley electoral. Otro tema es que ya no se permitirán ‘encuestas flash’ en este referéndum, situación que será tomada en cuenta en los ajustes normativos, así como la elaboración del materiales y la logística electoral”, agregó Exeni.
En el referéndum constitucional del 21 de febrero, el TSE ejecutó el sistema de transmisión rápida del cómputo de votos. La propuesta, ahora, radica en incluir esa aplicación en el régimen electoral para todos los casos.
El diputado opositor Miguel Ojopi (UD) opinó que cualquier modificación debe conducir a modernizar la entidad en temas procedimentales, administración de la justicia electoral y la propaganda política. En su criterio, hubo “malas decisiones” en los procesos electorales anteriores.
El opositor recordó que los vocales del TSE, que dimitieron en 2015, validó la anulación de votos en Chuquisaca, lo que permitió que el candidato del MAS gane la Gobernación. Además, canceló la personería de UD en Beni y anuló la candidatura del opositor Ernesto Suárez.
