La Fiscalía General del Estado presentó este jueves ante el Tribunal Supremo de Justicia la imputación formal en contra de 10 exautoridades por desvíos de recursos del proyecto Focas, entre ellas contra el empresario Samuel Doria Medina. Además, imputó a otras 15 exautoridades por la capitalización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (Enfe).
“En el caso Formación de Capital en Áreas Secundarias (Focas), fue imputado el ciudadano Samuel Doria Medina, por la presunta comisión de los delitos de Incumplimiento de Deberes, Contratos Lesivos al Estado y Conducta Antieconómica”, reseña una nota institucional.
Según datos de la Fiscalía, se trata del contrato de préstamo del 8 de octubre de 1992 y la adenda de 21 de junio de 1993 -autorizadas por el Ministerio de Planeamiento y Coordinación- para la creación de microempresas y que habrían sido desviados a usos privados. Además se adjunta la resolución del Consejo Nacional de Economía y Planeamiento Nº 138/93 de 7 de julio de 1993.
A Doria Medina -jefe de la opositora Unidad Nacional (UN)- se suman, Arturo Beltrán por incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica; Germán Quiroga Gómez, Antonio Céspedes Toro, Enrique Ipiña Melgar, Jesús Herman Antelo Laughlin, Fernando Illanes de la Riva y Reynaldo Peters Arzabe por incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica, por la firma del Decreto Supremo 23632 que homologó el préstamo y la adenda.
La Fiscalía, en el boletín institucional, precisó que también está imputado Raúl España y Juan Demeure Vander por la presunta comisión del delito de contratos lesivos al Estado. Se emitió resolución de rechazo para Flavio Escóbar por Conducta Antieconómica.
Mientras que en el caso Enfe, referido a la capitalización de la estatal en 1995, se presentó imputación formal en contra de Reynaldo Peters Arzabe, Alfonso Revollo Thenier y Jaime Villalobos Sanjinez por la presunta comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antiecónomica y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.
Las exautoridades avalaron la transacción con la firma del Decreto Supremo 24186 que adjudicó la empresa estatal a firma chilena Cruz Blanca por un precio menor al 50% del precio referencial.
Por este caso, también están imputados Jorge Otasevic Toledo, Freddy Teodovich Ortiz, Moisés Jarmusz Levy, Irving Remberto Alcaraz del Castillo por los tipos penales de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, y conducta antieconómica, por ese mismo decreto.
Revollo, quien fue responsable de la capitalización, también está imputado por uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas, conducta antieconómica y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes por recomendar a la Comisión de calificación de la licitación la firma del contrato.
Édgar Saravia Durnik, Santiago Atsuro Nishizawa Takano y Jorge Harriague Urriolagoitia se suman a los imputados por uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y conducta antieconómica, como miembros de la comisión de Calificación y por el informe de recomendación para adjudicar a Cruz Blanca.
José Isaac Ardaya Calderón, Arturo Dávalos Yoshida y Ramiro Salinas Romero están imputados por uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, contratos lesivos al estado y conducta antieconómica, como miembros del Directorio de la Empresa Ferroviaria Andina Sociedad de Economía Mixta (FCA SAM), y su participación en la reducción de capital sociedad en más de 50%.
Julio César Oropeza Bleichner, como representante del Sector Público y su participación en la reducción de capital de la FCA SAM en más de 50%, por los tipos penales de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
El Ministerio Público además imputó a Franklin Mejía Ríos, por conducta antieconómica; Santiago Atsuro Nishizawa y José Isaac Ardaya Calderón por resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, y conducta antieconómica; además de Jaime Villalobos Sanjinés por resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.
El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, junto a Carlos Sánchez Berzaín, Gonzalo Afcha de la Parra, Reynaldo Peters Arzabe, Alfonso Revollo Thenier, Jaime Villalobos Sanjinez y Juan Fernando Candia Castillo, Antonio Araníbar Quiroga, Jorge Otasevic Toledo, René Oswald Blattmann Bauer, Freddy Teodovich Ortiz, Moisés Jarmusz Levy, Irving Remberto Alcaraz del Castillo, José Luis Landívar Bowles y Rolando Suárez Montoya, fueron apartados en el caso de un decreto, pero se mantienen en el proceso seguido en este caso.
La denuncia emergió de la Asamblea Legislativa Plurinacional que designó una comisión especial mixta para la indagación del proceso de privatización y capitalización de las empresas públicas entre 1989 y 2000.
