La presión, persecución, hostigamiento, amenaza, agresión física, psicológica y sexual, son acciones que delatan el acoso y violencia política hacia las mujeres que ejercen un cargo público.
Después de cuatro años de la promulgación de la Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, recién el 10 de octubre se presentó oficialmente su reglamento, donde se conceptualiza y diferencia las acciones de acoso y violencia política.
“Hemos visto el maltrato machista que existe en Bolivia, por quitar el puesto a nuestras hermanas alcaldesas y concejalas”, lamentó la ministra de Justicia, Virginia Velasco. Recordó el caso de la alcaldesa de Collana, Bertha Eliana Quispe, quien en mayo, ganó un amparo constitucional para ejercer su cargo, pero cinco meses después, aún no trabaja desde el edificio de la Alcaldía.
“Ni siquiera con ayuda de la fuerza pública volvió a su comunidad”, reprochó la asesora legal de la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol), Sandra Silva.
La jurista contó que las mujeres acosadas políticamente, denuncian que en sus municipios las hacen callar, no les permiten el uso de la palabra y las limitan en el tema de la asistencia a capacitaciones para su formación política. “En Llallagua golpearon a varias concejalas”, recordó.
Silva explicó que el “anhelado” reglamento tiene tres capítulos, 20 artículos,tres disposiciones adicionales y una disposición única.
La Razón, en su edición impresa, publica los detalles de la norma y la cantidad de casos atendidos durane los últimos cuatro años, tiempo de vigencia de la Ley 243.
