La Bancada de la opositora Unidad Demócrata (UD), en la Asamblea Legislativa Plurinacional, anunció este miércoles que coordina su traslado a la ciudad de Sucre para acompañar a su líder, el empresario Samuel Doria Medina, en la audiencia cautelar convocada para el 3 de noviembre donde se resolverá la situación jurídica del político, acusado por la Fiscalía por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica en el caso Focas.
«Estamos coordinando en mi bancada, se van a trasladar (a Sucre) Senadores y Diputados. Vamos a acompñar a nuestro líder, porque entendemos que neustra solidaridad no pasa solo por pronunciarnos sino con estar con él en esta acción que la consideramos como un acto de amedrenamiento en contra de la oposición, en general», sostuvo el diputado de UD, Wilsón Santamaría, según difundió la cadena PAT.
Al respecto, el diputado de MAS, Javier Zavaleta, aseguró que en este caso el empresario debe someterse a la justicia como cualquier otro ciudadano boliviano.
«Debe presentar sus descargos y probar su inocencia ante la justicia», declaró el diputado oficialista, integrante de la Comisión Mixta Investigadora del proceso de Privatización en la década de los años 90.
«Se lo está acusando por contratos lesivos al Estado, por conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, por consiguiente no hay ninguna persecución política y Doria Medina debe presentarse ante todos los requerimientos que le haga la Fiscalía», dijo por su lado la diputada oficialista Romina Pérez en conferencia de prensa conjunta con Zavaleta.
Zavaleta reiteró que Doria Medina, como Ministro entre 1991 y 1993, entregó $us 21 millones a fundaciones privadas de exministros de los exmandatario Gonzalo Sánchez de Lozada, Hugo Banzer, y Jaime Paz Zamora.
El caso Focas (Formación de Capital en Áreas Secundarias) fue instaurado por un financiamiento de cerca de $us 21 millones que recibió Bolivia de Estados Unidos, y que Doria Medina, cuando era Ministro de Planeamiento en 1992, dispuso que pase a la entidad privada sin fines de lucro Fundación para la Producción (Fundapro) con el objetivo de que la deuda sea condonada.
(26/10/2016).
