El receptor judicial chileno Homero Henríquez Miranda presentó un segundo recurso ante la justicia de su país, esta vez en contra de la presidenta Michelle Bachelet y dos de sus ministros, para que frenen, a través de un plan de acción, los “abusos” que sufren transportistas del comercio exterior boliviano en el puesto de control fronterizo de Chungará, cuyo servicio está paralizado por un paro de 72 horas de funcionarios de ese punto de control.
Henríquez demanda en su trámite “que se instruya a los recurridos (demandados) a evitar todo trato arbitrario, abusivo y discriminatorio contra los transportistas y ciudadanos usuarios del Complejo Fronterizo Chungara”, según reseña el documento al que accedió La Razón Digital.
El exhorto legal surge por el paro de 72 horas que trabajadores chilenos del sector público cumplen desde el miércoles 26 en demanda de un ajuste salarial que afecta, al momento, el normal funcionamiento de las labores de control que efectúan trabajadores de la Aduana y el Servicio Agropecuario Ganadero (SAG) en la frontera.
El funcionario chileno argumenta que estos hechos son una “perturbación arbitraria a los derechos del Estado Boliviano y por ende al de sus ciudadanos y al de nuestros compatriotas que deben circular por esa frontera” que “han afectado el normal funcionamiento de las actividades comerciales y económicas, causando un importante perjuicio” a La Paz.
Centenares de transportistas y vehículos de carga internacional bolivianos están parados en ese punto. Los connacionales alertaron que los alimentos y el agua son cada vez más escasos, tal como sucedió la semana pasada cuando el mismo sector detuvo sus actividades entre el jueves 20 y viernes 21 de octubre.
El paro de los funcionarios chilenos fue condenado en Bolivia, donde la mañana de este jueves un grupo de transportistas y sus familiares se movilizaron en puertas del consulado de Chile en La Paz.
En su demanda, Henríquez pìde a la Justicia chilena que Bachelet y sus ministros “dispongan el normal funcionamiento de los servicios públicos en el Complejo Fronterizo Chungará, fijando un plan de acción que impida nuevas perturbaciones de los derechos reclamados” y se presten “a dispensar de inmediato acceso a agua potable, servicios higiénicos y demás necesarios para resguardar la vida, la salud e integridad física y psíquica de los transportistas retenidos en la frontera”.
El “plan de acción” que urge a La Moneda debe “disminuir las horas, e incluso días de esperas a los que se ven afectados los transportistas y usuarios con este tipo de paros”.
Además de las autoridades requeridas ya citadas, también el proceso involucra a la intendenta regional de Parinacota y Arica, Gladys Acuña, y al gobernador provincial de Parinacota, Roberto Lau.
La autoridad judicial chilena invoca el artículo VI del Tratado de Paz y Amistad que dispone que “la República de Chile reconoce a favor de la de Bolivia y a perpetuidad, el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacifico…” para sustentar la demanda sujeta a la figura legal de “protección de garantías y derechos constitucionales y convencionales».
Esta figura se refiere a la “omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas” reconocidas por Chile en su normativa y el pacto bilateral de 1904.
En septiembre, Henríquez interpuso —por “iniciativa propia” — un recurso de “protección de derechos y garantías constitucionales” para reclamar justamente por las vulneraciones del libre tránsito. La acción fue rechazada por lo que pidió el respaldo de las autoridades bolivianas.
El lunes, el canciller boliviano David Choquehuanca ponderó la iniciativa, pero precisó que La Paz no puede “entrometerse en los asuntos internos de Chile”.
El funcionario interpone el recurso nuevamente por iniciativa personal “en nombre del Estado Plurinacional de Bolivia” bajo el amparo de un Auto Acordado sobre la tramitación y fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales que lo faculta a actuar “sin la necesidad de detentar mandato o poder especial”. (27/10/2016)
