La Fiscalía de La Paz aseguró este lunes que marchan «en paralelo» las investigaciones sobre el asesinato del exviceministro Rodolfo Illanes y la muerte de cinco mineros cooperativistas en los conflictos de fines de agosto, aunque reveló que en este último caso el proceso es más complejo, debido a las circunstancias en que se produjeron los hechos.
Dijo que, por ejemplo, que en el caso del cooperativista Rubén Aparaya, quien falleció el 25 de agosto poco antes que Illanes fuera asesinado, había en el lugar del hecho una “multitud de gente”, lo que no ha permitido individualizar a los presuntos responsables, tal como sucedió con el caso de la exautoridad. No obstante, explicó que se cruza información de ambos casos.
Aparaya murió por un impacto de bala horas antes de Illanes en las cercanías a la localidad de Panduro —en la vía que vincula a La Paz con Oruro— en circunstancias aún no esclarecidas. Además hay otros muertos por arma de fuego y uno por explosión de dinamita.
Los cuentapropistas aseguran que la muerte del minero se produjo por un arma reglamentaria de la Policía; no obstante, hasta la fecha no existe ningún aprehendido. Mientras que en el caso Illanes son 13 los aprehendidos en penales, uno de ellos el primo de Aparaya, de nombre Ángel, identificado como el principal responsable del asesinato de la autoridad gubernamental.
“En el caso del señor Aparaya, quien falleció, debemos entender de que han existido una multitud de gente en el lugar del hecho, y solo ese aspecto hace compleja la investigación para determinar quién podría haber herido de muerte a esta persona”, señaló este lunes el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, en entrevista con la televisora Cadena A.
El fiscal Genaro Quenta y peritos indagaron en el lugar del hecho. Además se “colectaron” testigos y se efectuó pericias en balística pero todavía —dijo Blanco— se analiza y procesa esa información.
No obstaste, la autoridad aseguró que “las investigaciones van a la par, solo que en una sí se ha podido identificar (a los responsables) porque ha sido más fácil y el otro más complejo”, insistió. Aseguró que «se está cruzando información» de los dos casos.
Un reporte del Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, establece que el 24 de agosto, un día antes de que fuera torturado y asesinado el entonces viceministro Illanes, la Policía cometió actos que rayan en la “ delincuencia común” contra los mineros cooperativistas. Además, identificó al menos seis o siete policías desplegados en la zona que portaban armas de fuego, entre ellos el entonces comandante departamental de Policía de La Paz, coronel José Luis Araníbar, quien es investigado por su actuación durante ese conflicto.
Blanco criticó ese documento por carecer, dijo, de validez legal. “Necesitamos la declaración de Tezanos documentada, eso es lo que nos sirve. Un anuncio de prensa o un recorte de periódico no tienen fuerza legal como la tuviera una de declaración firmada; sotuvo.
El ombudsman debe apersonarse la tarde este lunes a la Fiscalía para entregar sus declaraciones por la muerte de Illanes. Se prevé que también entregue este informe. (31/10/2016)
