“El Defensor del Pueblo se equivocó en sus declaraciones”, sostuvo el general René Salazar, comandante de la Policía Boliviana, al referirse al informe del Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, sobre los hechos de Panduro, en el que identificó a unos siete efectivos del orden que portaron armas letales en los enfrentamientos con cooperativistas mineros a fines de agosto.
La autoridad policial indicó que su despacho recibió los informes de “los efectivos policiales aludidos» en el documento. El primero en entregar su documento fue el mayor Walter Laguna Saavedra, quien negó incluso haber estado en Panduro el 25 de agosto, fecha en la que falleció el minero cooperativista Rubén Aparaya y fue asesinado el exviceministro Rodolfo Illanes.
“(Laguna) presenta certificaciones y bajas médicas que dicen que él se encontraba recibiendo atención médica y que no estaba presente en los operativos policiales del 25 de agosto, lo cual demuestra que el Defensor del Pueblo se equivocó en sus declaraciones”, sostuvo Salazar.
“Ya están llegando los informes de los jefes oficiales mencionados en las declaraciones del defensor del Pueblo y todos afirman no haber portado armas de fuego en fecha 25 de agosto”, insistió el jefe policial la mañana de este lunes en una conferencia de prensa que entregó para referirse al plan policial de la festividad de Todos los Santos.
En el conflicto minero que bloqueo carreteras en demanda de beneficios para el sector cuentapropista, además de Illanes, perdieron la vida los cooperativistas Severino Ichota, Fermín Mamani, Pedro Mamani, Rubén Aparaya y Freddy Ambrosio Rojas, cuatro de ellos por impacto de bala.
Tezanos Pinto aseguró la semana pasada que la Policía actuó con “total exceso”, violó los derechos humanos de los movilizados en la zona con un bloqueo de caminos, y reveló además que al menos seis o siete policías llegaron hasta la zona portando armas letales, entre ellos el excomandante departamental de la Policía, José Luis Aranibar, además de un coronel, un teniente coronel, tres mayores y otro uniformado del que no reveló el grado.
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“De acuerdo a las referencias podría haber otra persona más pero se reportaba que estaban entre seis y siete las que estaban, el 25 de agosto, con armas letales”, sostuvo el Tezanos Pinto, quien este lunes presta declaración en el caso del asesinato de Illanes.
La autoridad defensorial anunció la entrega de evidencias al respecto, entre ellas los casquillos de proyectiles de uso reglamentario y cartuchos de escopeta que usa la Policía y que encontró en Panduro y sus alrededores.
Salazar demandó al ombudsman dejar la especulación y sustentar sus acusaciones ante el Ministerio Público.
“Las declaraciones del Defensor deben ser demostradas, sus declaraciones deben ser a través de pruebas lícitamente obtenidas y no basarse en la especulación. La comisión de fiscales está investigando ese caso y seguramente tendrá que demostrar las afirmaciones que ha vertido”, remarcó.
El comandante de la Policía aseguró, como en otras oportunidades, que la disposición emitida desde su despacho era única: En Panduro se prohibió la portación y utilización de armas letales.
Tezanos Pinto aseguró este lunes que la Policía interfiere en la investigación que lidera la Fiscalía y pidió a los efectivos que se apartaron de su mandato asumir sus responsabilidades en el hecho. (31/10/2016)
