El expresidente Carlos Mesa consideró este martes que el juicio que se sigue contra el empresario de oposición Samuel Doria Medina, es parte de la «judicialización de la política» que puso en práctica el gobierno de Evo Morales desde que asumió el poder en 2006 y advirtió que lo que pretende es «desacreditar y destruir a un opositor».
Hizo conocer esa posición en su blog personal, a dos días de la audiencia cautelar del líder de Unidad Nacional (UN) en el caso del proceso que se le sigue por el desvío, en 1992, de recursos del proyecto Formación de Capital en Áreas Secundarias (Focas) a una entidad privada.
“No, no es ninguna casualidad (el caso de Doria Medina), es parte de una lógica que el Poder Ejecutivo aplica desde que llegó al gobierno hace casi once años y se llama judicialización de la política. La máxima es: “Ataca a tus enemigos y destrúyelos con el impecable celofán de la mano de la justicia y la lucha contra la corrupción”, escribió en un artículo que, aclara, lo escribió como ciudadano y no como ex presidente.
En el texto, Mesa recuerda que antes de que avance el proceso y que Doria Medina presente sus declaraciones, tanto Morales como el vicepresidente Álvaro García Linera se pronunciaron en términos conclusivos sobre la culpabilidad de Doria Medina, pasando por alto al Poder Judicial, que es en el encargado de llevar adelante la investigación.
“La cabeza del Poder Ejecutivo y la del Poder Legislativo, pasando por encima de otro poder del Estado, califican al ex ministro de corrupto y deciden qué documentos tienen valor legal o no lo tienen para la justicia boliviana. ¿Puede alguien pensar, sobre estas evidencias, que este no es un juicio político con intenciones de desacreditar y destruir a un opositor?”, pregunta a continuación.
Hace mención además a la falta de confianza en la juisticia y recuerda que hasta el propio Presidente reconoció que falló en su intento de mejorarla. “¿Quién puede en Bolivia esperar una justicia transparente y creíble? Casi nadie, y menos que nadie un político que es víctima de esta forma de judicialización”, reflexiona.
Junto a Doria Medina, otras 10 exautoridades enfrentarán el mismo proceso por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica por el caso Focas. La Fiscalía solicitó la detención preventiva del empresario, quien hace poco invirtió 39 millones de dólares en la compra del 80% de las acciones del hotel Los Tajibos.
“Los supuestos delitos que justifican la imputación prescribieron mucho antes de la promulgación de la CPE de 2009. Y que nadie diga que en su art. 123, la Carta Magna establece explícitamente que los delitos de corrupción no prescriben y que en este tema se aplica la retroactividad, a la que se suma la Ley Quiroga Santa Cruz (004)”, sostiene Mesa.
“Por todo ello, expreso mi solidaridad con Samuel Doria Medina, afectado en lo personal y en lo público por una arbitrariedad del poder”, concluye.
