Tras ocupar por dos días el Consulado de Bolivia en Santiago, dos dirigentes sindicales de la empresa chilena Transantiago decidieron salir de esas instalaciones luego que el país se abrió a tramitar la solicitud de asilo. Ellos se declararon “perseguidos políticos”.
“Hemos llegado a un acuerdo con la cónsul de Bolivia en Santiago, Magdalena Cajías, para abonar la sede diplomática (…). Estamos conformes porque el Estado boliviano ha aceptado dar curso a este trámite de asilo, aunque sabemos que no hay plazos definidos para esto”, informó ayer a La Razón el dirigente Sergio Alegría, quien junto a Alex Venegas, ocupó ayer esa legación consular.
El jueves, un grupo de dirigentes del Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores de Contratistas y SubContratistas de Chile (Sintrac) protagonizó protestas en esa ciudad luego que 12 de sus representantes fueron procesados por la Justicia chilena.
En junio de 2015, el sector fue a un paro, incluso, interrumpieron el funcionamiento del metro, en demanda de mejores condiciones laborales. En consecuencia, el Estado chileno se querelló en contra de los directivos, quienes ahora denuncian una “persecución política” y solicitaron ayuda a Bolivia para lograr un asilo en el país.
La Intendencia de Santiago, parte querellante en el caso, pidió cinco años de cárcel a merced de Ley de Seguridad Interior del Estado que castiga los delitos que inciten a “la subversión del orden público o a la revuelta, resistencia o derrocamiento del Gobierno”; aunque el sector laboral chileno manifiesta que la norma se dedica a “criminalizar la protesta social”.
La audiencia preparatoria en contra de la docena de dirigentes estaba programada para el pasado jueves, pero ante la ocupación del Consulado boliviano fue pospuesta para enero de 2017.
Durante toda la mañana de ayer sectores sociales y políticos se movilizaron en respaldo a los trabajadores del Sintrac. Isolina Acosta, dirigente del Comité Iniciativa por la Unidad Sindical de Chile, en contacto con este medio, anunció que el sector conformará una comisión especial de directivos que vendrá a Bolivia para dar detalles “del injusto proceso y de la judicialización a la protesta social de la que son víctimas los trabajadores, que da pie la persecución política” del gobierno chileno.
El hecho se registra en momentos en que funcionarios públicos chilenos también protestan en demanda de un incremento salarial, situación que afectó el paso de los camiones bolivianos que mueven carga en tránsito por Arica.
Sobre la solicitud de asilo, el diplomático boliviano Carlos Carrasco comentó : “Corresponde honrar de acuerdo al Derecho Internacional (no obstante), el Estado chileno no puede criminalizar la protesta social en un lado y fomentar en otro (Arica) para mortificar el comercio boliviano”.
El vicepresidente Álvaro García Linera sostuvo ayer que el tema es analizado por la Cancillería. “Llama la atención que hermanos chilenos sientan que Bolivia los puede proteger (…) no les digo qué vamos a hacer, esperamos información jurídica”, afirmó en Santa Cruz.
(12-11-2016)
