El Gobierno, mediante un Decreto Supremo promulgado este miércoles, amplió por seis meses el plazo para el registro de portación de armas de civiles, hasta mayo de 2017.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que “hay una significativa detentación de armas en la población civil”, por lo que su despacho, tras el cierre de este proceso, evaluará un proceso de “desarme”.
“Se ha aprobado ayer en gabinete ministerial. Ya fue ampliado anteriormente, está es la segunda ampliación que hacemos. Es una ampliación por otros seis meses, 180 días, a partir de la publicación del Decreto Supremo que ya se encuentra en vigencia”, anunció Romero este jueves en una conferencia de prensa.
La Ley de Tenencia y Control de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos establece que los ciudadanos que tengan armas de fuego las registren.
En una primera etapa del proceso que feneció en abril se habían registrado 2.499 armas, por ello se amplió la inscripción hasta septiembre pasado. En este último periodo, el Registro de Armas de Fuego y Municiones de Uso Civil (Reafuc), repartición de la Policía y responsable de la tarea, había contabilizado 10.982 en el país, siendo Santa Cruz la región con más civiles armados.
Así, en la región cruceña, a la fecha, existen 4.930 registros, Cochabamba cuenta con 1.932 y La Paz con 1.345. Les siguen Tarija con 1.039; Beni con 711; en Chuquisaca existen 478; en Pando hay 380 armados y en Potosí 166.
“Más que un inventario de armas en poder de la población civil, representa un censo porque el registro biométrico no solo ha contemplado el casquillo y el tipo de arma por parte de su titular, sino además ha contemplado todos los datos principales de la personas, sus generales de ley, sus actividades, su entorno, etc”, explicó Romero.
La autoridad insistió en que el dato preliminar de civiles armados es “alto” y avizoró un mayor crecimiento de la cifra en este nuevo periodo. “Seguramente vamos a alcanzar los 12.000 registros, es un número muy alto. Luego haremos una evaluación, si son muchas armas de fuego, de repente aplicar un problema de desarme civil pero eso lo evaluaremos más adelante”, subrayó.
La medida fue asumida ante las solicitudes de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y organizaciones campesinas de esa región, que advirtieron de la ausencia de las brigadas móviles encargadas del registro.
Además, por efecto del plan Tukuy Rikuy, la Policía encontró a unos 10 civiles que portaban armas sin autorización en Santa Cruz, que fueron llevados a proceso.
Romero exteriorizó su preocupación por ese hallazgo. “Llamó la atención. Eso nos marcaba un indicador de que muchas armas no se habían registrados todavía”, dijo.
El Gobierno ha priorizado este registro ante el incremento de hechos delictivos como atracos a financieras que son perpetrados, en la mayoría de los casos, por extranjeros que usan armas de fuego de grueso calibre.
De hecho, otro dato preliminar desvelado por el registro es que del total de armas inscritas, 4.153 son escopetas y 3.390 son fusiles, ambos denominados armas largas. El resto son pistolas (1.649) y revólveres (1.604).
“Nos interesa tener regularizado las situaciones de las armas y también el censo de extranjeros debe tener claridad de cuál es la situación de los extranjeros en el país”, señaló Romero respecto de otro registro para que los extranjeros residentes en el país regularicen su situación en un plazo de un año
La tenencia, porte o portación y uso de armas no convencionales de forma ilegal, será sancionado con la pena de treinta (30) años de presidio sin derecho a indulto, según establece la ley de Tenencia y Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos. (17/11/2016)
