El magistrado suspendido del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gualberto Cusi, confirmó este lunes su asistencia, aunque sin abogado, al juicio de responsabilidades que deberá enfrentar ante el Tribunal de Sentencia que se constituyó en la Cámara de Senadores por haber declarado la inconstitucionalidad de la Ley del Notariado.
“Corresponde de mi parte asistir (al juicio) con todo orgullo, porque no he cometido ningún delito y, bueno, me defenderé como en derecho me asiste, pero también me encuentro preocupado porque al presente he estado buscando a muchos colegas abogados para que puedan asistir en la defensa, pero muchos de ellos se abstienen, no aceptan”, sostuvo.
El juicio oral contra la autoridad suspendida fue fijado para este martes 29 de noviembre, luego de que la pasada semana se aprobara la resolución de auto de apertura del proceso. Cusi fue separado del proceso temporalmente en 2015 debido a su delicado estado de salud.
Al juicio que comenzará a las 09.00, el magistrado suspendido asistirá sin defensa. En 2014, cuando se inició el proceso, el abogado Eduardo León fue su defensor, pero actualmente se encuentra encarcelado preventivamente desde junio por la suplantación de un supuesto hijo del presidente Evo Morales con su expareja Gabriela Zapata.
Debido a este hecho, dijo Cusi, los abogados rechazan patrocinarlo por el riesgo de un posible proceso contra ellos, tal como ocurrió con León. “En ese sentido, me siento en una situación de indefensión”, indicó.
Calificó al proceso judicial que enfrentará este martes como “político”, ya que el tribunal lo conforman partidarios del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) y de la oposición que, en su criterio, ya que tendrían la sentencia redactada. “Lo único que van a hacer es un teatro para decir que han cumplido con las formalidades y al último dictar una resolución en caso de condenatoria o sancionatoria”, aseguró.
Por el caso de la Ley del Notariado, sus colegas Soraida Chánez y Ligia Velásquez también fueron suspendidas de sus cargos y llevadas a un juicio de responsabilidades por la Cámara de Diputados. Ambas fueron acusadas por los delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la constitución y las leyes y prevaricato. (28-11-2016)
