El ministro de Presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana, desmintió este sábado que el Gobierno tenga alguna relación con Lamia, la empresa boliviana que operaba el vuelo chárter que se estrelló en Colombia causando 71 muertos.
El director general de Lamia, Gustavo Vargas Gamboa, fue piloto presidencial entre 2001 y 2007, lo que afectó a los dos primeros años de mandato del actual presidente de Bolivia, Evo Morales.
«Queremos señalar de manera categórica que acá no hay ningún tipo de relaciones del Gobierno con la famosa empresa, en absoluto», afirmó Quintana.
El ministro informó que el general de la Fuerza Aérea retirada Gustavo Vargas fue piloto del avión presidencial desde el año 2001, durante los mandatos de los expresidentes Hugo Bánzer, Jorge «Tuto» Quiroga, Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Veltzé.
Vargas pidió el retiro en 2007 y desde entonces solo ha tenido «algún contacto esporádico» con el presidente, apuntó.
«No existe ningún otro vínculo más con el general Vargas, por lo tanto quiero despejar cualquier tipo de relación que se pretenda atribuir», dijo Quintana.
El ministro sostuvo que la Fiscalía y una comisión de investigación dirigida por el Ministerio de Obras Públicas (que tiene las competencias de tráfico aéreo) deben investigar el vínculo familiar que hay entre el general retirado y el director del registro aeronáutico nacional de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Gustavo Vargas Villegas.
«A mí me llama poderosamente la atención que ‘casualmente’ entre comillas sea el hijo del general Vargas el responsable de entregar las licencias», dijo, y se preguntó si hubo tráfico de influencias.
Quintana también ratificó las palabras de Morales, quien ayer dijo que no sabía que Lamia fuera una aerolínea autorizada con matrícula boliviana.
Horas después de esas declaraciones del presidente, la prensa local dio a conocer que quince días atrás Morales y Quintana habían viajado en el mismo avión de Lamia que se estrelló cerca de Medellín.
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«No fuimos en ningún momento informados por la DGAC respecto a la otorgación de una licencia para el funcionamiento de una línea comercial como esta empresa», insistió el ministro de Presidencia, quien también detalló las circunstancias de ese vuelo.
Quintana explicó que subieron en ese avión para cubrir un trayecto entre la ciudad del departamento de Beni (norte) Rurrenabaque y su capital Trinidad con motivo de actos protocolarios por el aniversario de Beni el 18 de noviembre.
De acuerdo con el relato del ministro, el gobernador del departamento les invitó a usar ese medio de transporte, que había contratado como chárter para desplazar a la delegación de su Gobierno, la asamblea legislativa departamental y medios de comunicación entre las dos ciudades.
«Nosotros podríamos haber tomado el avión que teníamos en Rurrenabaque, que era el avión 047, un bimotor. El problema es que íbamos a tardar muchísimo más en llegar a la ciudad de Trinidad», aseveró.
Quintana dijo que el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, como cabeza de la autoridad de la aviación civil, trabajará con las autoridades aeronáuticas civiles de Colombia y Brasil «para que no exista ningún tipo de encubrimiento, impunidad o sospecha de protección».
«Tenemos que sancionar a todos los que sean responsables presuntamente de haber cometido faltas o delitos», zanjó.
El avión de la compañía boliviana Lamia se estrelló la noche del 28 de noviembre cerca de Medellín, un accidente que causó la muerte de 71 personas entre jugadores, cuerpo técnico y directivos del club de fútbol brasileño Chapecoense, así como varios periodistas y tripulantes del avión, mientras que seis personas sobrevivieron. (03-12-2016)
