Las dos sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Bolivia (CorteIDH) no son contrarios a los intereses del Estado porque consideraron los elementos de defensa que se reflejaron en los resarcimientos económicos de $us 15.000 y $us 69.913 frente a los más de medio millón de dólares que exigían, explicó la Procuraduría del Estado.
Una de las sentencias es por el caso de la exalcaldesa Lupe Andrade, quien fue procesada en Bolivia por malos manejos de recursos económicos públicos cuando ejerció los cargos de Concejala, Presidenta del Concejo Municipal y Alcaldesa del Municipio de La Paz, durante la gestión 1999. La afectada llevó el proceso a la jurisdicción internacional.
Si bien la sentencia estableció responsabilidades del Estado, resultó ser favorable porque la Corte consideró los fundamentos de hecho y de derecho alegados. Eso se reflejó, establece un comunicado, en el monto de pago de $us 15.000 cuando la denunciante demandaba una indemnización de más de $us 500.000.
Otro de los casos tiene que ver con la denuncia de una ciudadana peruana de esterilización no consentida. La peticionaria pretendía el pago de $us 450.813, sin embargo la Corte estableció una indemnización de solo $us.69.913,21
“La Procuraduría General del Estado se encuentra analizando en detalle, el alcance de los fallos citados y realizará las acciones de repetición a los responsables que ocasionaron este daño al Estado”, establece el documento institucional.
Además recordó que a principios de la actual gestión presentó un proyecto normativo, tendiente a promover acuerdos de soluciones amistosas en el marco de demandas internacionales sobre derechos humanos que eviten erogación de daños económicos para el Estado.
