Tras hacerse público el informe preliminar de Aeronáutica Civil de Colombia sobre el accidente aéreo de LaMia, legisladores del oficialismo y de la oposición demandaron continuar con las investigaciones hasta dar con todos los responsables de la tragedia del 28 de noviembre.
«Bolivia no tiene el más mínimo interés en perjudicar la investigación que se está haciendo en Colombia, todo lo contrario, Bolivia tiene la mayor predisposición para constituirse en parte en la investigación y obviamente sancionar a quién corresponda», aseveró el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS).
El diputado de la opositora Unidad Demócrata (UD) Gonzalo Barrientos cuestionó el rol que desempeñaron autoridades de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA).
«Qué designaciones hubo. Ojalá no sea nuevamente un cuoteo (de cargos) como sucedió con EPSAS (Empresa Pública Social de Saneamiento y Agua) o la administración judicial. Esperemos que esto sea respondido», dijo Barrientos, quien apuntó, además, a la identificación de los responsables que habilitaron el vuelo del avión de LaMia CP 2933 sin cumplir con los requisitos necesarios, tal como demostró la investigación colombiana.
Según el informe preliminar de Colombia, el avión accidentado cerca de Medellín el 28 de noviembre, en el que murieron 71 personas, entre ellas la mayoría del club de fútbol Chapecoense, viajaba con el combustible al límite y con exceso de peso.
El secretario de Seguridad Aérea de Aerocivil, coronel Fredy Bonilla, dijo que las grabaciones de la cabina de mando muestran que el piloto y el copiloto conversaron sobre la posibilidad de hacer una escala en Leticia (Colombia) o en Bogotá «porque se encontraba en el límite de combustible», pero no lo hicieron.
El diputado de MAS Franklín Flores sostuvo que «nadie quedará impune» por el accidente. «Vamos a trabajar con seriedad», indicó.
Su colega cruceño, Edgar Montaño, al respecto dijo: «Este informe ratifica que estábamos en lo correcto al establecer responsabilidad en la DGAC y AASANA. También en el tema del piloto, ha prevalecido el tema económico en desmedro de la seguridad. Vamos a seguir nosotros con las investigaciones para dar con estas personas que han aprobado el vuelo sin tener los permisos correspondientes», sostuvo.
Sobre este caso, el Ministerio de Obras Públicas abrió querellas contra los ejecutivos de la DGAC y AASANA, otros funcionarios y el representante de LaMia por el accidente aéreo. Un informe oficial boliviano estableció responsabilidades en el piloto y la firma. (27/12/2016)
