El martes, el presidente Evo Morales presentó un primer paquete de cuatro normativas para abrir el proceso de reforma de la Justicia boliviana. Una de las innovaciones es la cesación de hasta diez años para los abogados que reincidan en faltas gravísimas, además de otras disposiciones que endurecen las sanciones y multas para los infractores, con pagos que alcanzan los Bs 21.660.
“En el caso de la reincidencia no había sanciones, ahora lo que se plantea es la suspensión de la matrícula de seis a 10 años”, señaló el viceministro de Justicia Indígena, Gilvio Janayo, en una entrevista con la red PAT.
En criterio de la autoridad, todos los operadores de justicia, a través de la chicana y la suspensión de audiencias, ocasionan la retardación de justicia y por ende “perjudica” a la población litigante. “Lo que se pretende evitar es eso”, sostuvo.
El Gobierno tiene la urgente premisa de garantizar la celeridad de los procesos penales y para tal efecto se ha proyectado, en la misma línea, “el endurecimiento” de las sanciones a través del aún proyecto de ley de modificación al ejercicio de la abogacía.
A la fecha, las Ley de ejercicio de la abogacía establece tres tipos de faltas: Leves, graves y gravísimas.
La propuesta fija, por ejemplo, que las faltas gravísimas, que al momento son sancionadas con la suspensión de la matrícula profesional de uno a dos años y una multa de seis salarios mínimos, se castigue con cesación del ejercicio profesional de dos a cinco años y una multa de 10 salarios mínimos.
Para ese caso, el infractor pagaría hasta Bs 18.050 tomando en cuenta que el Gobierno fijó en 2016 un salario mínimo vigente de Bs 1.805.
Para las faltas graves actualmente se establece la suspensión de funciones de uno a doce meses y multa de uno a seis salarios mínimos. Lo que se busca es que el tiempo de cesasión se mantenga pero se incremente la multa de siete a 12 salarios mínimos, es decir hasta Bs 21.660
En tanto, las faltas leves se sancionan con una llamada de atención y la multa de un salario mínimo. Con el proyecto se incrementará la multa de dos a seis salarios mínimos. Es decir, pagarían desde Bs 3.610 hasta Bs 10.830.
“La retardación de justicia básicamente se encapsula en todos los operadores de justicia: jueces, fiscales y abogados y otros actores administrativos”, sostuvo Janayo en otra entrevista con la red Uno.
El primer paquete normativo remitido por el Ejecutivo al Legislativo consta de cuatro proyectos de norma: la citada ley de reforma del ejercicio de la abogacía; la ley de la Comisión de seguimiento a las conclusiones de la Cumbre de Justicia; la ley básica de conciliación vecinas; y la ley de modificación al Código de Procedimiento Penal.
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Producto de este plan de reforma se establece duras sanciones para las autoridades judiciales que cancelen las citas procesales.
“Las audiencias no se pueden suspender por ningún motivo el juez que suspenda audiencias será destituido, la inasistencia del fiscal será causal de reemplazos e inclusive podrá ser conducido por la fuerza pública a las audiencias”, explicó la autoridad gubernamental.
El Gobierno alista otros paquetes normativos. Así lo confirmó este jueves el viceministro Janayo tras asegurar que “viene otro segundo paquete normativo, posiblemente un tercer paquete normativo o cuarto hasta poder dar con el cambio de la justicia de manera general”.
Ahora es Asamblea Legislativa que tiene la llave para validar el plan de reforma. Al interior de la entidad existe la premisa de acelerar la aprobación de los proyectos de ley. Claro está que el gobiernista Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene amplia mayoría en ese Órgano, por lo que no existiría impedimento para ese cometido. (04/01/2016)
