La imputación en contra del excomandante departamental de La Paz coronel José Luis Aranibar por el asesinato del exviceministro Rodolfo Illanes desató un duro cruce verbal entre el fiscal General, Ramiro Guerrero, y el ministro de Gobierno, Carlos Romero, además de la Policía.
Fue el ministro Romero quien activó el conflicto tras rechazar, el jueves 2 de febrero, la imputación en contra de la exautoridad policial.
“No me parece justa, equilibrada y no se apega a la legalidad (la imputación) porque el 25 de agosto, cuando nosotros pedimos la presencia del Ministerio Público para que se haga presente en el lugar, donde lo tenían de rehén a Illanes, la comisión de fiscales no llegó a ese sitio y regresó a La Paz”, acusó Romero.
En la fecha que cita Romero, Illanes se trasladó hasta Panduro para negociar con el sector que bloqueaba la carretera La Paz-Oruro. Fue secuestrado y luego asesinado violentamente en el lugar.
Aranibar es acusado por los delitos de incumplimiento de deberes y denegación de auxilio a la autoridad.
- El vehículo del exviceministro Illanes, que fue quemado tras su secuestro. Foto: Internet.
Este viernes, Guerrero replicó a Romero: “Extraña que salga dos meses después. La imputación ha sido presentada el 2 de diciembre. Una pena que se entere tarde, con razón anda mal la seguridad del país”.
Además insinuó una supuesta coordinación en la postura de Romero y la entregada por el opositor y expresidente Jorge Quiroga, quien criticó el trabajo del Ministerio Público.
“No sé si se habrán puesto de acuerdo, habrán conversado por teléfono. Es raro que dos personas coincidan, eso quiere decir para el Ministerio Público que vamos bien, que es un trabajo de objetividad”, sostuvo el fiscal General.
Horas después desde La Paz, el Alto Mando de la Policía Boliviana salió al frente de las declaraciones de Guerrero.
A través de un comunicado lo acusó de realizar “declaraciones políticas” con el fin de cuestionar la labor conjunta que efectúa la fuerza del orden con el Ministerio de Gobierno para garantizar la seguridad interna del país “de manera cotidiana, esforzada y permanente”.
Denunció, por el contrario, que uno de los factores principales para la inseguridad es la “liberación de delincuentes reincidentes, atribuible” —sostuvo— “a una sospechosa negligencia en la investigación penal”.
Las acciones jurídicas de la Fiscalía “pretenden criminalizar la labor de la Policía Boliviana en los lamentables sucesos” de Panduro, denunció la institución del orden en el comunicado.
No es la primera vez que Romero y Guerrero cruzan acusaciones. (03/02/2017)
