El Ministerio Público presentó este miércoles por la tarde ante el Juzgado Primero de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer la acusación formal dentro del caso denominado Dron en Santa Cruz.
«Estas personas fueron acusadas formalmente dentro de este caso que salió a flote cuando el Comando Departamental de la Policía se negó a recibir un dron y un camión de monitoreo de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra», explicó el Fiscal Departamental de Santa Cruz, Freddy Larrea citado en un boletín institucional.
Según información oficial Carlos Alberto Padilla Parada (gerente de Army Securuty) está acusado por la comisión de los delitos de conducta antieconómica, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado; José Salvador Canudas Araujo (responsable del proceso de contratación) por conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
Marisabel Barrero Vaca (responsable administrativa de seguridad ciudadana), Ernesto Mario Petterson Toledo (encargado del área de seguridad ciudadana) y Johnny Huari Montaño por la comisión de los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado.
Asimismo, está acusado Paúl Cuellar Bejarano por la comisión de enriquecimiento ilícito y se amplió investigación contra Daniel Moreno Pedraza, Alfonso Ábrego Bejarano, Lucas Mercado Antelo, César Molina Ortiz y José Ernesto Rojas.
Larrea explicó que en el proceso investigativo se encontró suficientes elementos que prueban la comisión de los delitos acusados.
En marzo de 2016, el entonces comandante departamental de la Policía remitió un informe puntualizando diferencias insalvables dentro de las características y especificaciones técnicas definidas oportunamente, entre lo solicitado al municipio para el control del monitoreo móvil de la Policía Boliviana y lo adquirido por el Municipio.
«Resulta inviable la recepción de estos bienes porque existe afectación directa en el uso diario y útil para las operaciones policiales, siendo afectado el beneficiario final que es la ciudadanía», señaló en su momento el coronel Sabino Guzmán Coronado.
De acuerdo con los antecedentes, el equipo fue adquirido por un valor de 3,7 millones de bolivianos y las denuncias refieren a un presunto sobreprecio. (08/02/2017)
