Este viernes a las 14.05 se instaló la audiencia de medidas cautelares del cooperativista minero Josué Caricari, uno de los principales sindicados por el asesinato del exviceministro Rodolfo Illanes. En la audiencia judicial, la Fiscalía pedirá la detención preventiva del acusado en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro.
La comparecencia ante el juzgado Tercero de Sentencia en lo Penal, que radica en la ciudad de El Alto, se había programado inicialmente para las 11.30, pero fue aplazada ante la ausencia de la defensa de Caricari.
El cuentapropista, uno de los más buscados por la Policía, estuvo varios meses escondido en el interior de una mina, en Llallagua, Potosí, tras los hechos de violencia que acabaron con la vida de Rodolfo Illanes y cooperativistas.
Le llevaban alimento y vivía en condiciones precarias, pero ante el cerco que le tendió la fuerza del orden se entregó este jueves. Defendió su inocencia y aseguró que el 25 de agosto, día del trágico suceso, no se encontraba en la loma en la que sus compañeros ultimaron a la exautoridad.
No obstante, a través de un contacto con la emisora Erbol, lanzó amenazas de muerte contra Illanes, poco después de que fuera secuestrado en medio del conflicto cooperativista en la vía La Paz-Oruro, a la altura de Panduro.
“…Tenemos dos cajones, van a ser los dos que van (a estar) en los cajones”, advirtió ese día.
Tras ser torturado, Illanes fue asesinado en una jornada que acabó con la muerte de cuatro cuentapropistas por heridas de bala.
La Fiscalía inició una inmediata investigación y se llegó a remitir a la cárcel a 13 mineros, pero se buscaba a Caricari y a un segundo que permanece prófugo, Miguel Ferrer, explicó el viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Quiroga, en una entrevista en la televisora Cadena A.
La defensa de Caricari presentó un incidente de actividad defectuosa a la imputación, efectuada por la Fiscalía que lo acusa por los delitos de asesinato, robo agravado, organización criminal, tenencia y porte ilícito, y atentado contra miembros de organismos de seguridad del Estado.
El Ministerio Público exigió la detención preventiva en el penal de Chonchocoro “toda vez que se presume su probabilidad autoría y concurren los riesgos procesales”. (10/02/2017)
