El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, y otras cuatro autoridades de la Gobernación fueron imputados por varios delitos debido al desalojo de ocupantes de predios del Parque Industrial en el sector de Cadepia. El secretario General del gobierno departamental, Vladimir Peña, rechazó la imputación y defendió la legalidad del desalojo.
“La Gobernación ha hecho lo que en derecho corresponde, fue un camino largo pero al final se obtuvo un decisión del máximo órgano de justicia del país y se hizo ese desalojo cumpliendo no solo con los procedimientos, sino con las garantías y los derechos humanos de las personas que estaban allí ilegalmente asentadas”, afirmó.
La denuncia fue interpuesta por Rosa Vargas y Mario Belizario. Es acusado por delitos como incumplimiento de deberes, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado.
Además de Costas, están involucrados en el proceso Roly Aguilera, Secretario General; Nelson Quintana, director de Asuntos Contenciosos; Luis Fernando Roca, secretario Jurídico; y Guillermo Saucedo, director del Servicio Departamental de Deportes.
Peña informó que el gobernador aún no fue notificado y defendió la legalidad de la defensa de predios públicos.
“Rechazamos esta imputación, la hallamos atentatoria e inaceptable. El Gobernador solo hizo respetar los derechos de los ciudadanos y lamentamos que la fiscalía este de lado de los loteadores”, insistió, según un boletín de prensa institucional.
Recordó que la Gobernación de Santa Cruz interpuso las acciones legales constitucionales y fue el Tribunal Constitucional que encomendó al Tribunal de Justicia de Santa Cruz y la Policía el desalojo.
