“La Ley va a ser firmada el miércoles por el presidente Evo a las 07.00”, anunció la mañana de este lunes el vicepresidente y presidente en ejercicio, Álvaro García, al referirse a la promulgación de la cuestionada normativa, anunciada para este miércoles 8 de marzo.
El viernes 24 de febrero, en las vísperas del carnaval y tras sesiones maratónicas de las Cámaras de Diputados y Senadores, el Legislativo sancionó la Ley General de la Coca, normativa que eleva a 22.00 hectáreas (ha) las plantaciones legales del arbusto: 14.300 para La Paz y 7.700 para Cochabamba.
La promulgación de la norma fue pospuesta ante la enfermedad de la garganta que aqueja al Jefe del Estado boliviano y que se trata en Cuba, país del que retornará el martes por la noche.
La nueva Ley eleva en 10.000 hectáreas las plantaciones legales del arbusto, que desde 1988 habían sido fijadas en 12.000 por la Ley 1008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas.
La oposición cuestionó el incremento con el argumento que será destinado casi en exclusiva al narcotráfico, mientras que el oficialismo defendió la necesidad de extender los cultivos legales para impulsar la industrialización y posterior exportación de productos derivados de la hoja de coca.
El Ejecutivo informó que ya consolidó la exportación de la hoja a Ecuador y anunció que tiene gestiones avanzadas para llevar el producto a Argentina.
Este lunes, García defendió nuevamente la normativa, con base en los informes entregados por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) y aseguró que el cultivo en los gobiernos anteriores a la administración del presidente Evo Morales superó el actual límite.
El mandatario explicó en 2003 que se cultivaron 23.600 ha de la hoja; en 2004 unas 27.700 ha y en 2005, 25.400 ha. Empero fue en 1998 cuando se registró la cifra récord de 37.000 ha.
“La Ley establece que va a ser hasta un máximo de 22.000, no es que va a ser 22.000, es el máximo. (La cifra) es inferior a todo lo que se producía en anteriores gestiones de gobierno”, sostuvo.
García, bajo ese argumento, cuestionó a los analistas y sectores detractores que se oponen a la Ley e incluso consideró —a los que llamó “políticos de la derecha y sus escribanos” — que son financiados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus sigla en inglés) que el presidente Morales expulsó en mayo de 2013 acusada de injerencia.
“No se puede tener esa doble amoral. Cuando los contrataba USAID, cuando trabajan para los gobiernos de turno, por qué no protestaban por las 35.000 ha de coca en Bolivia”, cuestionó y acusó que ahora la actitud y el lenguaje de sus detractores es “belicoso e hipócrita”. (06/03/2017)
