La Cámara de Senadores aprobó sin modificaciones y sancionó el proyecto de ley de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas que, entre otros aspectos establece el pago a los informantes, escuchas telefónicas y la extinción de dominio de bienes. La propuesta fue remitida al Gobierno para su promulgación.
La propuesta sancionada y la ley General de la Coca terminan reemplazando a la ley 1008 de lucha contra el narcotráfico, que incorporaba también la política de la coca. La ley fue sancionada en medio del rechazo de los choferes a un artículo que, según denunciaron, puede provocar el decomiso de sus vehículos por traslado de droga de terceros.
El senador de la opositora Unidad Nacional Óscar Ortiz informó de la sanción de la norma y expresó que, básicamente, se centra en la confiscación de bienes.
El proyecto de Ley de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas contiene 124 artículos, divididos en 5 capítulos y 11 disposiciones transitorias. Detalla, por ejemplo, que en el artículo 9 del documento se plantea la entrega de una remuneración económica a las personas que entreguen información “oportuna y fidedigna” sobre actividad del narcotráfico.
El monto de pago se encuentra fijado en el parágrafo III del artículo 63 del proyecto, que sugiere que “hasta el cinco por ciento (5%) de los recursos destinados a la UELICN (Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico) podrán ser asignados al pago de informantes”.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó en Viena el contenido de esta norma como la de la coca ante las observaciones de la Unión Europea a la decisión de subir de 20.000 a 22.000 hectáreas los cultivos legales
