Bolivia busca una salida diplomática o judicial para el caso de los nueve funcionarios capturados el 19 de marzo en la frontera y actualmente recluidos preventivamente en el penal chileno de Alto Hospicio, acusados por intento de robo, portación ilegal de armas y contrabando.
Mientras la defensa de los detenidos optó por desistir de la apelación a la medida cautelar y apostar por un amparo para solicitar que se revise la prisión preventiva por vulneración de sus derechos fundamentales, el Gobierno apeló a la comunidad internacional para que observe a Chile por no actuar con reciprocidad con Bolivia en la lucha contra los delitos transnacionales y el Fiscal General, Ramiro Guerrero, informó que gestiona alguna salida judicial con su par chileno, Jorge Abbott.
Durante la mañana se conoció que la defensa desistió de la apelación y, más tarde, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó que se decidió por ese camino para poder optar por un recurso de amparo, que según la legislación chilena procede de manera directa ante la vulneración de derechos fundamentales.
Dijo que de esta manera cambiaría el debate y ya no se trataría de un asunto delictivo, sino de un tema de vulneración de derechos fundamentales. Aseguró que el presidente Evo Morales “respalda esta estrategia jurídica”.
Romero demandó además a Chile que, en este caso, actúe con reciprocidad en el combate del delito transnacional, tal como definen los compromisos entre naciones, y convocó a la comunidad internacional a realizar un seguimiento de las acciones del gobierno de Michelle Bachelet.
Dijo que los bolivianos fueron capturados cuando combatían un delito transnacional (contrabando), tal como ocurrió el 28 de agosto de 2016, cuando dos policías antinarcóticos de Chile fueron detenidos en territorio boliviano portando armas y cuando pretendían detener a un ciudadano involucrado con este delito. En este caso- agregó- fueron devueltos a su país, lo que fue respondido con notas de agradecimiento de autoridades chilenas.
Romero demandó que Chile actúe de la misma manera en el último caso, como lo establecen las convenciones internacionales.
“La reciprocidad en este caso no ha existido para el hecho conocido de nuestros nueve compatriotas detenidos…que (fueron detenidos) persiguiendo un delito transnacional, que igual que el narcotráfico es un delito transnacional porque trasciende las fronteras de los Estados. Paradógicamente, nuestros compatriotas han sido secuestrados, sometidos a un juicio atrabiliario y acusados injustamente de intento de robo violento de contrabando”, afirmó.
“Tendrá que valorar la comunidad internacional cómo se ha actuado en un hecho y cómo se actúa en otro hecho sin apelar a la colaboración de los Estados en materia de lucha contra la delincuencia”, insistió.
Mientras, Guerrero reveló que realiza gestiones directas con su par de Chile para encontrar alguna “salida jurídica” al incidente de los bolivianos que se encuentran en Iquique.
«Lo que queremos es que en ese marco de cooperación, entendimiento con la fiscalía de Chile, es poder ver una salida jurídica legal que pueda dar fin con la detención de los compatriotas y la devolución a nuestro país», indicó. (29/03/2017)
