El Gobierno de Evo Morales se quejó este miércoles por lo que consideró el «trato humillante» dado en Chile a un grupo de periodistas bolivianos que viajó por invitación de una aerolínea trasnacional, pero fue obligado por funcionarios de Migración a firmar compromisos para no ejercer su oficio en ese territorio.
«Han sido hostigados, sometidos a interrogatorios, han tenido que mostrar sus documentos y han tenido que comprometerse a no atentar contra el Estado chileno», lamentó en una rueda de prensa la ministra de Comunicación, Gisela López.
Señaló que los informadores no viajaron a Chile en busca de información sobre la detención de dos militares y siete empleados aduaneros bolivianos, sino que fueron invitados por una aerolínea «y se han visto sometidos a un trato humillante».
«Queremos manifestar nuestra dura crítica respecto de estas violaciones que se están cometiendo a derechos universales, a derechos que tienen una protección del derecho internacional solamente por ser periodistas de Bolivia», indicó López.
Los periodistas fueron invitados por Latam, el mayor grupo aéreo latinoamericano, a participar este martes en el vuelo inaugural de la ruta directa entre la ciudad boliviana de Santa Cruz (este) y Santiago de Chile.
Estos informadores denunciaron a los medios bolivianos que al llegar al aeropuerto de Santiago fueron separados de la comitiva y sometidos a un interrogatorio por funcionarios de migración, quienes obligaron a algunos a firmar esos compromisos para poder continuar su viaje hasta Puerto Montt, en el sur chileno.
El periodista boliviano José Pomacusi, que es parte de la comitiva, dijo en su cuenta de Twitter que el grupo tuvo que comprometerse «a no afectar seguridad exterior, ni interna, soberanía, ni orden público» en Chile.
La ministra López indicó que este grupo de periodistas fue tratado con la misma «hostilidad» que dos informadores del canal estatal boliviano, la reportera Sandra Mariscal y el camarógrafo Erick Condorena, a quienes se les impidió el pasado viernes realizar trabajo periodístico en Chile.
Primero ambos fueron retenidos por horas en el aeropuerto de la ciudad chilena de Iquique y luego Condorena fue expulsado del país el mismo día por no tramitar una visa de trabajo, mientras que Mariscal pudo salir de la terminal aérea bajo la condición de no realizar labores periodísticas.
López anunció que se coordina con la Defensoría del Pueblo para presentar una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los malos tratos a la prensa boliviana.
El ministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero, recordó, en otra rueda de prensa, que en agosto de 2016, un periodista chileno que ingresó a Bolivia «de manera ilegal» para fotografiar un cuartel boliviano en la frontera fue entregado a las autoridades de Chile sin que se aplique «ninguna medida en contra suya».
Según Romero, las autoridades chilenas están cometiendo una «cadena de errores» al «atentar contra la libertad de expresión, vulnerar instrumentos internacionales y vetar el ingreso de autoridades» de La Paz a su territorio, en alusión a que a su colega de Defensa, Reymi Ferreira, le fue negada la visa para ir a Chile.
Ferreira tenía previsto viajar al país austral para seguir el caso de los nueve bolivianos recluidos en el norte chileno, que ha vuelto a poner en tensión la relación bilateral.
La exigencia de los visados para autoridades bolivianas fue decidida por Chile el año pasado, como una reacción a la visita que varias altas autoridades bolivianas realizaron a los puertos chilenos sin la autorización de sus pares del país vecino.
Romero y López ratificaron por separado que Bolivia no replicará con exigencias similares a Chile. (29/03/2017)
