El exsenador opositor asilado en Brasil y sentenciado este martes en rebeldía a cinco años de cárcel por contratos lesivos al Estado relacionados con la venta de terrenos de la Zona Franca de Cobija, reivindicó nuevamente su inocencia y afirmó hoy que por esa transacción, en lugar de condenarlo, el Gobierno le debería hacer «un monumento», ya que fue en beneficio de su pueblo.
Señaló, además, que los terrenos, que según la Justicia fueron enajenados ilegalmente y por el que se le acusó por incumplimiento de deberes, tienen el total de la superficie y no “hay un metro menos”.
“Si el Gobierno se hubiera dado el trabajo de verificar el daño al Estado, se hubiera dado cuenta que lo que tiene que hacer a ese directorio que compró, que invirtió y que hizo eso, es un monumento”, dijo el opositor a la televisora Cadena A. Pinto era miembro de ese directorio.
El martes, el Ministerio Público dio cuenta de la sentencia contra Pinto. La directora nacional Anticorrupción de la Fiscalía General del Estado, Fanny Alfaro, informó que fue acusado por los delitos de conducta antieconómica, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, y uso indebido de influencias.
El Ministerio Público, tras sus investigaciones, evidenció según el testimonio de escritura pública Nº 579/2000 de 7 de diciembre de 2000, que refiere la transferencia de un lote de terreno a favor de la Zona Franca de Cobija, representada legalmente por su directorio, compuesto por Roger Pinto Molina en su calidad de prefecto y presidente de Zofra Cobija.
Este terrero, según la Fiscalía, fue fraccionado y vendido a empresas privadas, violando la normativa legal que establece que es atribución del legislativo aprobar los contratos de interés público referidos a áreas estratégicas y, además, aprobar la enajenación de bienes de dominio público del Estado.
“Hoy, sin don Evo Morales, para no pasar vergüenza, fuera y le preguntara a su sobrina que es la presidenta de Zona Franca, seguramente le va a decir que no hay un metro menos de aquellos que compré, que fueron vendidos a zona franca”, dijo Pinto.
El exsenador huyó en 2013 de Bolivia tras permanecer por casi 15 meses en instalaciones de la legación brasileña. Con escolta de militares y la ayuda del encargado de Negocios de esa legación, Eduardo Saboia, logró salir de Bolivia y refugiarse en Brasil.
Para el exlegislador, la transacción, lejos de la tesis del Ministerio Público y la sentencia de la Justicia boliviana, ha dejado réditos a la región.
“Nosotros compramos a $us 650 la hectárea. Hoy, fácilmente eso debe estar arriba de los $us 2,5 millones en el precio del mercado”, sostuvo tras reclamar que es un perseguido político de la administración del presidente Evo Morales por denunciar corrupción en el Ejecutivo. Algo que Palacio Quemado ha cuestionado reiteradas veces. (29/03/2017)
