Un grupo de diputados y senadores de la bancada opositora Unidad Demócrata (UD) presentaron el jueves 6 de abril un recurso de acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para dejar sin efecto los artículos 15, 16 y 17 de la Ley General de la Coca que validan la ampliación de cultivos en zonas no tradicionales.
“Se autoriza a zonas no tradicionales a producir hoja de coca. Estas disposiciones contradicen la Constitución que solo protegen la producción de coca ancestral y tradicional y también contradicen los compromisos asumidos por Bolivia ante la Convención Internacional de estupefacientes que claramente”, indicó el senador por ese frente, Óscar Ortiz.
En criterio de los legisladores, la normativa en vigencia desde el 8 de marzo de 2017 “agrede” la Constitución Política del Estado (CPE) y convenios internacionales en los articulados referidos a la zonificación de las áreas autorizadas y no autorizadas (15 y 16) y la Convención Única sobre estupefacientes de 1961 que ratificó el Estado boliviano para su uso tradicional.
“Es una reserva que introdujo Bolivia que limita la producción de hoja de coca y su consumo al uso ancestral y tradicional: masticado, infusiones medicinales y ritual. Esos son los tres usos que el mismo presidente Evo Morales mandó incluir en una reserva que así fue aceptada por la comunidad internacional”, dijo Ortiz.
La Ley 906 General de la Hoja de Coca fija en 22.000 hectáreas (ha) las plantaciones legales del arbusto en el país. Con la normativa se reconocen las “zonas de registro y catastro” en tres provincias Caranavi, Bautista Saavedra y Larecaja (Poroma y santa Rosa de Mapiri) y parte del municipio de la Asunta.
Bajo la misma categoría se reconocen los cultivos en las provincias cochabambinas de Chapare, Carrasco y Tiraque “aumentando de manera injustificada la producción no tradicional”.
Organismos internacionales y la Unión Europea (UE), principal socio del país en la lucha contra el narcotráfico, se mostraron preocupados por los alcances de la Ley, algo que Palacio Quemado minimizó
Para los legisladores de UD, la ampliación de las zonas de cocales es “injustificada” porque “no están destinadas a satisfacer los propósitos lícitos”, reza el documento entregado al TCP. (10/04/2017)
