Los cocaleros de la zona subtropical de los Yungas, en el departamento de La Paz, informaron este lunes de que quieren denunciar ante el Tribunal Constitucional la nueva ley de coca, promulgada el mes pasado, que amplía la superficie legal de cultivos en Bolivia de 12.000 a 22.000 hectáreas.
Representantes de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca) explicaron a los medios que quieren presentar un recurso de inconstitucionalidad parcial contra dos de los artículos de la ley porque irían en contra de la Constitución, que protege la «coca originaria y ancestral».
La nueva Ley General de la Coca, promulgada el 8 de marzo por el presidente Evo Morales, sustituye a la denominada 1008, que regulaba desde 1988 la producción de la hoja de coca y las políticas de lucha contra el narcotráfico.
La antigua ley establecía un límite máximo de 12.000 hectáreas de plantaciones legales que solo podían cultivarse en los Yungas.
La nueva norma autoriza hasta 7.700 hectáreas de cultivo en el Chapare (Cochabamba, centro), considerada una zona no tradicional, y 14.300 en el departamento de La Paz.
Los cocaleros de los Yungas se manifestaron desde un primer momento en contra de que se amplíen las hectáreas de cultivo en la zona del Chapare, y exigieron con protestas que no se aprobase la norma, aunque sólo consiguieron que se ampliasen en 2.300 hectáreas los cultivos en su zona.
Gran parte de la producción de coca de la zona del Chapare, según informes internacionales, no pasa por mercados legales, por eso parlamentarios opositores ya llevaron al Constitucional una demanda, el pasado 10 de abril, contra la producción de la planta en «zonas no tradicionales».
Adepcoca y la oposición coinciden en algunos de los artículos cuestionados, que son los que dividen las zonas de cultivo de la planta en Bolivia y que, según el asesor legal de la asociación de cocaleros, Froilán Tola, «no tiene sustento constitucional ni amparo de la Constitución».
«Estamos solicitando que se suspenda la aplicación de la ley 906, Ley General de la Coca», dijo Tola a los medios.
El presidente de Adepcoca, Franklin Rojas, señaló que espera que la demanda llegue esta semana a Sucre, capital constitucional de Bolivia y sede del órgano Judicial, pero antes tienen que firmarla los representantes de los Yungas en el Parlamento, que son los legitimados para presentar este tipo de instrumentos legales.
«Estamos convocando a nuestro diputado y a nuestra senadora para que se hagan presentes en esta semana y puedan firmar esta demanda que vamos a presentar al Tribunal Constitucional», explicó Rojas.
Además de la demanda de inconstitucionalidad, Adepcoca ha presentado dos solicitudes a los representantes de la Unión Europea en Bolivia para preguntar sobre los recursos que la institución destina en el país andino para la lucha contra el narcotráfico y la ayuda en proyectos productivos.
Rojas indicó que en su sector están «un poco molestos» porque no les han convocado para ninguna reunión aún y no pueden «seguir esperando porque se está queriendo mediante una ley expandir más coca en zonas excedentarias».
«Estamos pidiendo el informe económico que ha destinado a Bolivia porque con ese dinero debían luchar contra el narcotráfico y no contribuir a la expansión de la hoja de coca», criticó el presidente de Adepcoca.
(17/04/2017)
