El opositor Ernesto Suárez, exprefecto y exgobernador de Beni, presentará la próxima semana una demanda penal en contra del juez José Pedro Carvalho por considerar que cometió el delito de prevaricato bajo influjo político al haber dispuesto su detención preventiva en el penal de Mocoví sin tomar en cuenta sus descargos para desvirtuar riesgos procesales.
“Hay que sentar un precedente para que nunca más a ningún boliviano le ocurra lo que me ha ocurrido, el que tenga que ir a la cárcel por la decisión de un juez que actúa bajo la presión política; (eso) lógicamente que tiene que traer consecuencias”, sostuvo en una conferencia de prensa.
El 12 de abril y tras 27 días de reclusión en el penal trinitario, un Juzgado Anticorrupción dispuso la cesación de la detención preventiva del líder opositor del Movimiento Demócrata Social (Demócratas) para que se defienda en libertad del proceso en su contra.
El juez había considerado el 16 de marzo que Suárez no tiene habitualidad en su domicilio, lo que motivó la decisión de recluir a Suárez, quien cuestionó el fallo tras asegurar que se había presentado el domiciliario que fue validado en otros juicios.
“Estoy presentando una denuncia y la voy a hacer en Sucre, y me reservo el derecho de presentar denuncia en contra de los fiscales que me jugaron una mala pasada insertando pruebas que no estaban, para darle el piso al juez y de esa manera se proceda a detenerme”, reclamó Suárez.
La demanda será interpuesta en la capital entre el martes y miércoles próximos porque el opositor considera que en Beni sería “como poner al ratón a cuidar el queso” pues, sostuvo, que los fiscales de esa región también son “cómplices” en el caso.
Legisladores de la alianza Unidad Demócrata (UD), del que es parte Demócratas, solicitó un informe escrito al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, y al Consejo de la Magistratura para conocer las actuaciones del juez y su implicancia en un presunto consorcio de jueces, fiscales y funcionarios de la Gobernación de Beni que fue denunciado en 2015 por el propio Suárez.
En criterio de Suárez, Carvalho en el fallo en su contra cometió los delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a las leyes y privación de libertad.
